Una vivienda de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, recibió más de 40 balazos mientras sus habitantes y los vecinos dormían.
El ataque, ejecutado por dos hombres que usaban armas automáticas, quedó registrado en un video ya que uno de ellos lo grabó.
En el video se observa a los sujetos disparando durante 13 segundos; luego huyen.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al ser consultado por La Nación, confirmó la autenticidad de las imágenes y reveló que investigadores en Cartago dieron seguimiento al caso; sin embargo, las víctimas optaron por no denunciar.
Se estima que el ataque se llevó a cabo el 26 de marzo, pero las autoridades no han confirmado la fecha.
En las últimas semanas, además de una grabación como esta, se conocieron también imágenes de sujetos armados con fusiles de asalto y pistolas que se paseaban por Sagrada Familia y San Sebastián, al sur de San José.
Guillermo Valenciano, subdirector operativo de la Fuerza Pública, aseguró que la gran mayoría de estos hechos están relacionados con enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan territorios para la venta de drogas.
“Un video como el que se señala (en Cartago) causa alarma por la propia naturaleza del ataque, pero es un incidente posiblemente relacionado a ese fenómeno (enfrentamiento de bandas), porque se trata de un ataque violento”, agregó.
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Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, explicó que este tipo de actos pueden realizarse “para torcer voluntades o para lograr que terceras personas hagan o dejen de hacer, según el interés del criminal o la organización a la que responda”.
El jefe policial hizo ver que los tiroteos indiscriminados contra viviendas aumentan el riesgo de víctimas colaterales.
“Cuando se dan este tipo de situaciones, que han ocurrido en muchas zonas del país, se deben a crimen organizado, narcotráfico, gota a gota u otras amenazas asociadas a esta actividad”, señaló Solano.
Edwin Obando, subdirector general interino del OIJ, no descarta que el incidente en Llanos de Santa Lucía guarde relación con un préstamo “gota a gota”, práctica en la cual los prestamistas recurren a la violencia para cobrar dinero por concepto de multas o intereses.
Obando lamentó la falta de cooperación por parte de los afectados (al no denunciar), lo cual dificulta la continuidad de la investigación para determinar las causas del ataque.
Desde el miércoles pasado, La Nación solicitó comentarios sobre este asunto al jefe de la Fuerza Pública de Cartago, Freddy Guillén, sin embargo, al cierre de edición no se había recibido una respuesta.
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Balaceras en sitios céntricos
Durante este año se han registrado varios episodios en los que individuos disparan contra viviendas.
El 31 de marzo, en Tejarcillos de Alajuelita, uno o varios individuos abrieron fuego contra al menos cinco viviendas, resultando en la muerte de Mauricio Porras Montero, un funcionario de la Municipalidad de San José.
Porras recibió varios impactos de bala en la espalda mientras intentaba poner a salvo a su hija de siete años.
En otro incidente, ocurrido el 4 de febrero en Purral de Goicoechea, un hombre perdió la vida mientras caminaba por la calle.
En la madrugada, individuos armados pasaron frente a las viviendas disparando repetidamente. En medio de esta ráfaga, una bala impactó en la espalda del hombre, quien corrió en busca de ayuda, pero falleció minutos después de ser llevado a un centro médico.
En enero se registraron otros tres ataques contra diferentes objetivos. El 12 de dicho mes, en Nunciatura, Rohrmoser, San José, un individuo disparó con un arma de guerra contra un vehículo 4x4 estacionado a pocos metros de un grupo de personas que se encontraban en el exterior de un establecimiento en la torre Sky Garden.
El 2 y el 6 de enero, en Limón, un grupo identificado por el OIJ como un escuadrón de la muerte llegó a unas viviendas y disparó contra ellas con al menos 16 armas AK-47. En el primer evento, acabaron con la vida de un hondureño.
Según lo documentado por las autoridades, en cuatro de estos seis eventos, los agresores utilizaron armas automáticas, lo que les permitió efectuar múltiples disparos sucesivos.
Carlos Castro, representante del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, señala que las armas no permitidas más utilizadas por las organizaciones criminales son la AK-47, AR-15, la M-16, uzi y mini Uzi, las cuales ingresan a Costa Rica, en muchas ocasiones, como pago a cambio de sustancias psicotrópicas.
“Estas armas prohibidas normalmente se adquieren clandestinamente para delinquir. Una persona que es impactada por el uso de un arma (no permitida) enfrentará consecuencias más graves para su integridad física y estará en mayor peligro, ya que estas armas causan mayor destrucción”, explicó Castro.
El funcionario reconoció que el acceso a este tipo de armamento se ha vuelto más accesible en los últimos años.
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Cómo buscar protección
Marcelo Solano subrayó la importancia de buscar refugio adecuado en caso de una amenaza y explicó que muchas víctimas colaterales de una balacera pueden sufrir heridas mortales o traumas al intentar escapar o protegerse.
“Ante una amenaza de este tipo, la primera medida inmediata de toda persona es buscar protección, la cual debe ser detrás de un muro de concreto y a nivel del suelo”, especificó.
Aclaró que las paredes livianas de madera o gypsum no ofrecen la misma seguridad.
Además, hizo énfasis en la exposición innecesaria, como intentar grabar videos con el teléfono o asomarse para observar qué ocurre.
En situaciones en las cuales es imposible huir o protegerse detrás de un muro o vehículo, Solano sugiere tirarse al suelo para minimizar así el riesgo de ser alcanzado por disparos.