La ola de homicidios que afecta al país requiere de medidas extraordinarias y un esfuerzo adicional de los cuerpos policiales y del sistema judicial. Desde setiembre del año pasado, el promedio de crímenes de este tipo evolucionó de 50 casos promedio, por mes, a unos 70 en enero y febrero. Si la tendencia se mantiene, este año podría cerrar con una cifra cercana a 900 asesinatos.
El Ministerio de Seguridad Pública es uno de los primeros llamados a actuar y según Daniel Calderón, viceministro del ramo, las acciones incluyen un incremento en los patrullajes, en especial en las zonas más afectadas, y un análisis coordinado de las estructuras criminales, en asocio con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.
El jefe policial alega que, aunque pareciera que no se está haciendo nada, se hace mucho; sin embargo reconoce que no están alcanzado la meta de contener la criminalidad. “Algo hay que hacer diferente y adicional”, dijo.
Según explicó, la idea es asestar cuanto antes los golpes a la estructuras delictivas que se tiene visualizadas para capturarlas y decomisarles las drogas, armas y otros bienes, y así reducir delitos como los homicidios. “Reconocemos que hay un aumento de la violencia y lo estamos combatiendo, esperamos que pronto rinda resultados”, dijo.
Puso de ejemplo la intervinción con unidades especiales de la Fuerza Pública desplegadas este año en los distritos más conflictivos de Puntarenas, donde se busca atenuar los asesinatos que en los últimos ocho años crecieron un 141% al pasar de 46 en el 2015 a 111 en el 2022. Pese a esos esfuerzos, la tendencia hasta el momento sigue al alza.
Uno de esos puntos de conflicto es Chacarita. En esa comunidad se afincó la banda del Gordo Ramos, un sujeto procesado por tráfico de migrantes en la zona sur, con proceso judicial pendiente por esa causa.
El Gordo Ramos llegó a Puntarenas con amplio poder económico y al parecer empezó a reclutar jóvenes como escoltas y como sicarios, para luchar contra dos estructuras asentadas en ese puerto, lo que cambió el panorama y obligó a la Policía a intervenir esa agrupación.
Según Calderón, el análisis policial tiene que ser constante para detectar repentinos brotes de violencia, como ocurrió recientemente en Quepos, pues la cantidad de policías impide cubrir de lleno todas las áreas geográficas.
El mismo cometido alcanzaron el martes en Matina, cuando lograron identificar a dos personas con antecedentes que estuvieron a punto de concretar un ajusticiamiento contra un sujeto en Carrandí. La víctima ya había sido objeto de dos atentados previos.
Casos como ese, son los que busca ejecutar la Policía en todo el país, donde, con base en información de inteligencia, se pueda intervenir a tiempo y detener a los implicados, expresó Calderón.
Afirma que todavía es posible aplanar la curva de crecimiento en homicidios. La forma de hacerlo es con el trabajo conjunto contra las organizaciones, con refuerzos en el trabajo diario en las calles y con acciones integrales que involucren otros actores, más allá de la Policía.
Gestiones con el Ministerio Público
Una acción de cambio se desarrolla con la Fiscalía y busca mejorar los informes que se presentan contra personas procesadas por portación ilegal de armas. Han detectado que esos casos no están llegando a nada en lo penal, entonces se cuestionan sobre aspectos que se deben corregir para que prosperen.
El objetivo es evitar la impunidad, principalmente de las personas que caen con armas prohibidas, como fusiles AK-47 y AR-15, similares a los que al parecer se usaron el 26 de febrero cuando un proyectil impactó a Samuel Arroyo, un escolar de ocho años, vecino del caserío Las Rosas, Zapote, quien tres días después murió como víctima inocente de una bala perdida.
Calderón explicó que no solo se trata de detener más gente, sino de ver en qué terminan esos procesos. “No se trata de trasladar responsabilidades. Por eso en la rendición de cuentas mostramos lo que hacemos para combatir la violencia, adónde están nuestras prioridades y cuánta gente cae por delitos graves”, sostuvo.
El fin de semana pasado dejó más de 300 aprehendidos, de los cuales 54 fueron pasados a Fiscalía pues tenían cuentas pendientes con la justicia. También se decomisaron 30 armas de fuego por no estar inscritas, lo que da una idea de la cantidad de personas armadas que andan por las calles.
En promedio, las autoridades decomisan más de 2.000 por año, la mayoría pistolas, pues es con estas armas que se comenten 7 de cada 10 homicidios en el país. Los decomisos de armas blancas también son altos y sumaron 5.575 en el 2021.
Otra área de trabajo por fortalecer en la lucha contra el aumento de homicidios tiene que ver con el bloqueo de señal telefónica con celulares desde las cárceles. “Como país, hay que buscar la forma para impedir que los sentenciados tengan posibilidad de seguir liderando las estructuras desde la cárcel.
“Aún en celdas de máxima seguridad, tienen acceso a diferentes formas de comunicarse y siguen dando órdenes. Eso ocurre, pese a la lucha por decomisar celulares que realiza de forma repetida la Policía Penitenciaria, cuya cantidad de oficiales también es escasa para la población que atiende. Hay información de la Policía Judicial donde queda evidenciado que desde la cárcel se ordenan muertes”, puntualizó Calderón.