El 2 de octubre del 2013 cerró el plazo para que los reos pudieran inscribir su domicilio electoral dentro de la prisión donde estuviesen. A ese momento, en la cárcel de San Sebastián, por ejemplo, solo 652 reclusos lo hicieron.
Sin embargo, los cuatro meses que transcurrieron desde esa fecha hasta el día de las elecciones, el 2 de febrero, 545 reos egresaron y solo quedaron 107 ciudadanos, de los cuales apenas votaron 84. El resto no pudo elegir presidente, ya sea porque salió libre o fueron llevados a otros centros.
Frente a ese desfase entre la población inscrita al cierre del padrón y la población que realmente está presa al 2 de febrero, Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, sostiene que el Tribunal Supremo de Elecciones debería levantar un padrón especial para reos, alimentado automáticamente con los sistemas del Ministerio de Justicia.
Muñoz asegura que tienen casos identificados de reos que pretendían votar, pero se vieron impedidos por haber sido trasladados a otras cárceles. Pese a que interpusieron un recurso de amparo electoral, antes del 2 de febrero, para que se tomaran las previsiones en esos casos, el Tribunal Supremo de Elecciones lo rechazó.
“Si 8.700 reos de todo el país se empadronaron voluntariamente fue porque querían votar, con ese abstencionismo (67,48%), yo creo que hay una falta de operatividad del TSE porque no pone al servicio de ellos un sistema sencillo y ágil”, expresó Muñoz.
Gerardo Abarca, secretario del Registro Electoral, reconoció que el TSE está obligado a garantizar el 100% de participación, pero legalmente el padrón no se puede modificar desde la convocatoria a elecciones. Solo podría hacerse con una reforma al Código Electoral. “La invariabilidad del padrón es una garantía de seguridad del proceso. Si esto se modifica, cuando lleguen las elecciones habría incertidumbre sobre quiénes votan y dónde”, dijo.