“Siento una impotencia ante todo el sistema judicial que tarda años en resolver las cosas, muchas veces a propósito. Hay una impotencia ante una persona que parece tener tentáculos en casi todos los organismos del país”.
Así dijo sentirse Noé Kawer, representante de las compañías dueñas del Hotel y Casino Royal Dutch, tras casi cuatro años de intentar desahuciar a los inquilinos porque no le pagan el alquiler desde el 2009.
Según dijo, el desgaste físico, mental, emocional y económico ha sido notable en todo ese tiempo. “Hay miedo a la seguridad física, tanto de uno como de la familia. Uno pasa angustiado todo el tiempo porque no se sabe con qué resolución, sacada de la manga, va a salir la Corte. Es una incertidumbre total”, expresó.
Según recordó Kawer, Luis Milanés contactó hace varios años a su familia para alquilar o comprar el Casino Royal Dutch, pero ni siquiera negociaron con él por la “historia que traía”. “Lo que él hizo fue comprar las compañías que eran inquilinas en ese momento del hotel y del casino. Ya como dueño de las compañías, no nos quedó nada más que negociar con él. Luis Milanés no aparece en ninguna de las compañías con las que yo hice negociación, yo hablaba solo con los apoderados”, aseveró.
La abogada de Kawer, Jeannette Salazar, dijo que la autorización que la Municipalidad de San José dio a los inquilinos para explotar una patente de licores de un tercero en el Casino Royal Dutch es ilegal.
“La Municipalidad se tiene que sujetar únicamente a los criterios de legalidad y el fuero de legalidad del asesor legal que emitió criterio para que se autorizara esa patente, no le permite interpretar que porque hay omisión de ley se le puede dar un permiso.
”En estos casos, se pide consulta jerárquica a la Contraloría General de la República. No se puede interpretar que ante la omisión de una norma, se le puede entregar la patente. Están pasando por encima de la voluntad del propietario del inmueble.
“Le dijimos a la Municipalidad que Luis Milanés no estaba pagando, me dijeron que no era problema de ellos, que se tenía que resolver en la sede judicial, pero en cambio sí interpretaron que ese contrato por cinco años, al 1.° de noviembre del 2010, se podía prorrogar por tres años”, arguyó.