El Ministerio de Seguridad Pública remitirá a la Fiscalía una licitación para la compra de armas, para que se investigue si existen presuntas irregularidades.
La licitación corresponde a una compra de 1.300 armas de fuego para la Fuerza Pública, por un valor de ¢1.060 millones. Dicha contratación fue adjudicada a un único oferente, según confirmó el ministerio en un comunicado de prensa.
Sin embargo, según agrega esa instancia, la Dirección General de la Fuerza Pública recibió una denuncia en la que se hacía referencia sobre una supuesta irregularidad relacionada con esta contratación.
Por tal motivo, las autoridades anunciaron que remitirán el caso al Ministerio Público y que, simultáneamente, abrió un proceso interno para analizar el contrato de licitación.
“Para el Ministerio de Seguridad la empresa contratada presentó datos de certificación que deben ser analizados a profundidad. Dichos datos se establecieron como requisitos de admisibilidad en el cartel de licitación y que podrían no cumplir con los requerimientos establecidos”.
"Es así, que el Ministerio actuará en dos vías; una en sede administrativa con la conformación de un Órgano Director que valorará los datos presentados por la empresa y la segunda ante el Ministerio Público.
“El viceministro de Seguridad, Randall Vega, remitirá el expediente de contratación certificado por El Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) (a la Fiscalía) para que sea analizado y se determine si existe alguna irregularidad”.
Ante consultas de La Nación, la oficina de prensa indicó que Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, era la persona que podría profundizar en el asunto y en cuáles podrían ser las posibles anomalías que deberían verificarse. Sin embargo, posteriormente, aclararon que el funcionario ya no se iba a referir más al tema, porque el órgano interno está abierto.