El Ministerio de Justicia anunció este miércoles que durante diciembre suspenderá la salida de reos ya condenados hacia un régimen semiinstitucional, en el que solo pasan una noche a la semana en un centro penal.
La decisión se da en medio de fuertes críticas contra la medida de reubicar a presos de un régimen cerrado a uno semiabierto, la cual se acordó para reducir el hacinamiento en las cárceles del país.
No obstante, el Ministerio señaló que la suspensión no responde a esos cuestionamientos, sino a que, en el periodo de fin de año, la mitad del personal técnico y administrativo del sistema penitenciario se acoge a las vacaciones profilácticas.
Debido a eso, no se contará con suficiente personal para hacer valoraciones y seguimientos, que son los que definen si se traslada o no a un presidiario.
La medida de reubicación de reos “no peligrosos” para combatir el hacinamiento fue dictada en agosto, por la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez.
Entre el 15 de setiembre y el 2 de noviembre pasados, esos traslados (570 reos), sumados a otros movimientos hechos, redujeron la sobrepoblación carcelaria de 52,2% a 46,3%. La meta de Justicia es llegar a 36,4%.
Del grupo reubicado hasta ahora, el 63% son ladrones.
Encontrados. La salida de presos generó una cadena de críticas. El primero en manifestarse fue el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, quien reprochó que los “saquen” a la calle.
La palabras Mata pusieron en evidencia una discrepancia entre jerarcas del Gobierno.
Consultado sobre este tema en conferencia de prensa este martes, minutos después del Consejo de Gobierno, el viceministro de Justicia, Marco Feoli, argumentó: “Hay una cuestión básica; el sistema penitenciario está a cargo del Ministerio de Justicia; no hay ningún otro ministerio que tenga participación en el sistema penitenciario”.
Un día después, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aseguró que no hay ningún divorcio entre esas carteras.
“(...) el equipo de Gobierno está cohesionado, y sobre eso no tengo nada más que decir”, manifestó el mandatario.
Distinta posición sostienen los diputados, quienes este miércoles decidieron llamar a comparecer a los dos ministros.
Proceso . Otro que fue enfático en criticar la forma en que Justicia ejecutó la medida, fue el defensor adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero.
“La política criminal es política de Estado, en donde confluyen una serie de instituciones. Y vemos cómo, por un lado, Justicia toma una medida y, por el otro, el Ministerio de Seguridad se extraña”, apuntó.
Señaló que, si bien la reducción del hacinamiento es un tema prioritario y que los traslados de reos pueden ser una de las medidas por aplicar, el Ministerio de Justicia no hizo un proceso previo de sensibilización en la población y tampoco consideró el estado de las víctimas.
La Defensoría convocó a representantes de Justicia y Seguridad para dialogar sobre el asunto este jueves a las 2 p. m.