El Ministerio de Justicia presentó el miércoles un proyecto de ley para reformar el Código Penal e impulsar los castigos con horas de trabajo en lugar de penas de prisión, siempre que se trate de delitos no violentos.
Actualmente, la ley permite sancionar algunas faltas como homicidio culposo, lesiones culposas y violencia doméstica con prestación de servicio de utilidad pública; sin embargo, en criterio del Ministerio, la “una ausencia de regulación general sobre cómo aplicarla ha limitado sus alcances y sus beneficios”.
El cambio que plantea esa cartera se haría en el artículo 56 bis del Código Penal y busca ampliar el rango de aplicación a todos los delitos cuya pena no sea superior a cinco años de cárcel.
Asimismo, quedarían excluidos quienes hayan actuado con armas o con violencia física sobre las personas.
Tampoco podrán tener esta posibilidad quienes tengan antecedentes por delitos dolosos con pena superior a seis meses, ni quienes hayan sido sentenciados por crimen organizado, delitos contra los deberes de la función pública, delitos sexuales, homicidio doloso o femicidio.
Para aplicar este procedimiento, el Tribunal de Juicio debe decidir si el imputado puede optar por este régimen.
La labor se haría en instituciones de interés público como municipalidades, Cruz Roja, hogares de ancianos, fundaciones ambientalistas y otras que se enlistarían en un registro.
Las horas de servicio no podrían ser más de 500 al año ni interferir en el horario de trabajo o estudio que previamente tengan los sentenciados.
Para aplicar este procedimiento, el Tribunal de Juicio debe decidir si el imputado puede optar por este régimen.
La labor se haría en instituciones de interés público como municipalidades, Cruz Roja, hogares de ancianos, fundaciones ambientalistas y otras que se enlistarían en un registro.
Las horas de servicio no podrían ser más de 500 al año ni interferir en el horario de trabajo o estudio que previamente tengan los sentenciados.
Alternativa. De acuerdo con Justicia, actualmente, en los centros penitenciarios hay casi 2.000 personas de menos de 34 años, condenadas por primera vez y por delitos que no fueron violentos.
Sobre la iniciativa, el viceministro de Justicia, Marco Feoli, argumentó: “Si metés cuatro años a la cárcel a un muchacho que por necesidad se robó un champú, sale peor”.
El funcionario mencionó que existe un manual de Naciones Unidas que recomienda penas distintas a la prisión para delitos menores.
Enfatizó en que esas opciones son mucho más baratas para el Estado y no empeoran la conducta de los sentenciados.
“La persona asume la consecuencia de sus actos, pero sin desligarse de su familia, sin cambiar el lenguaje, la educación y los hábitos que implica la cárcel”, dijo.
Además, afirmó que el Ministerio ha sido muy exitoso en los programas de seguimiento y control de personas con medidas alternativas a la prisión.
Recientemente, Justicia se vio en el ojo de la opinión pública al girar dos directrices extraordinarias que permitieron pasar en dos años a 1.200 reos (incluidos reincidentes), al régimen semiinstitucional, donde solo pernoctan algunos días en los centros.
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En ese periodo, junto con valoraciones ordinarias, se trasladaron en total a casi 6.000 presos. La entidad asegura que la reincidencia de los beneficiados es de menos del 2%.
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Sobre el nuevo proyecto de ley, el diputado Ronny Monge, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, indicó que va acorde con la tendencia de justicia restaurativa en el mundo.
Estimó necesario escuchar en audiencias a las instancias judiciales y otras ligadas al tema para definir si es viable o no.
Acciones. La reforma planteada por Justicia trascendió ayer cuando al jerarca de ese Ministerio, Cecilia Sánchez, compareció en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Ahí, afirmó que el 70% de las personas privadas de libertad están por delitos contra la propiedad por bienes de escaso valor.
Añadió que espera implementar el uso de brazaletes electrónicos antes de finalizar este año, pero advirtió que ese recurso no tiene un impacto sustantivo sobre el hacinamiento.
Justicia intentó contratar a una empresa privadas para el plan de dispositivos eletrónicos, pero fracasó por el alto costo. Por eso, buscó a empresas públicas. Las interesadas son Radiográfica Costarricense S.A (Racsa) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
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¿Cómo funcionaría?
La reforma propone servicio gratuito en asociaciones, instituciones públicas o fundaciones.
El servicio se prestará por la cantidad de horas y el plazo que disponga el juez de sentencia. Esta pena no podrá se superior a 500 horas de labor.
En caso de incumplimiento injustificado, el juzgado de ejecución de la pena podría revocar el beneficio y enviar a la cárcel a la persona .
La autoridad penitenciaria definirá el lugar, horario y el plan de cumplimiento, sin interferir con la jornada laboral o educativa de la persona condenada.
En Costa Rica se triplicó la tasa de encarcelamiento en 20 años, debido a reformas legales que endurecieron penas y crearon nuevos delitos, dice el proyecto de ley.