Un fallo de la Sala Constitucional obliga al Ministerio de Justicia a custodiar a los reos que padezcan enfermedades mentales y estén internados en el Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) o en el Centro para la Atención de Enfermos Mentales en Conflicto con la Ley Penal (Capemcol), en La Uruca.
El voto N.° 14-18473 respondió a un habeas corpus presentado por Francisco Segura, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a favor de un reo de apellido Ovares, de 32 años, quien sufre un trastorno bipolar y al cual Adaptación Social se negó a dar custodia.
Los magistrados ordenaron que “los policías penitenciarios destacados en el Capemcol sean capacitados y se destinen en cantidad suficiente para atender la población de ese centro. Asimismo, que dicho cuerpo policial especializado custodie las personas que sean internadas en el Hospital Nacional Psiquiátrico para su valoración inicial, o en tránsito (...)”.
Hechos. Ovares fue detenido el 16 de agosto del 2014 por la Fuerza Pública de Flores (Heredia), pues incumplió medidas de protección por violencia doméstica.
Aunque un Juzgado ordenó su internamiento en el Capemcol por tres meses –basado en un dictamen forense–, el reo permaneció del 16 al 20 de agosto en celdas del OIJ de Heredia, las cuales están diseñadas para estadías breves, pues no tienen camas, ni ventilación, ni acceso a luz solar, entre otros servicios.
Durante ese lapso, el OIJ trasladó a Ovares los días 17 y 19 al Capemcol, pero no lo recibieron por falta de espacio, tampoco en el HNP por carecer de custodia.
El OIJ también le pidió a la Policía Penitenciaria que brindara vigilancia al imputado, pero su director Pablo Bertozzi dijo que no era posible, ya que Ovares no había ingresado al sistema penitenciario. Finalmente, Ovares fue internado en el HNP el 20 de agosto, sin custodia policial. Pasó al Capemcol el 22 de agosto.
Segura sostuvo que el OIJ no cuenta con instalaciones para detenciones de más de 24 horas.
“La permanencia del tutelado por cuatro días en las cárceles del OIJ (...) resulta lesiva de sus derechos, pues sí requiere una atención especializada y no la recibió...”, resaltó el fallo de la Sala.
Unidad especial. El Ministerio de Justicia debe vigilar a estos pacientes y proteger al personal médico del Capemcol; a pesar que tenía un año desde la creación del Centro para formar una unidad especial de vigilancia, no lo hizo.
La Sala IV fijó en su voto un plazo de seis meses para que se capaciten a los policías, pero la ministra Cristina Ramírez afirmó que en noviembre graduaron a los primeros 32 agentes.
Además, señaló que ya están coordinando con el OIJ para que este tipo de casos no se repitan y se pueda dar custodia adecuada a esta población de detenidos.