El Ministerio de Justicia devolverá a prisión a 40 reos liberados entre el 28 y el 31 de octubre para aliviar el hacinamiento, tras cumplirse una orden del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José.
La decisión fue confirmada a La Nación ayer por la ministra, Ana Isabel Garita, cinco días después de que venciera el plazo concedido por el juez Roy Murillo Rodríguez para que se trasladaran 370 sentenciados de la cárcel de San Sebastián a otros centros penitenciarios.
Garita señaló que giró instrucciones al Instituto Nacional de Criminología (INC) para revocar la medida de excarcelación de los reos sobre quienes se deben profundizar los criterios técnicos con los cuales fueron liberados.
Según dijo, hasta el martes en la mañana identificaron a unos 40 reclusos del grupo de los 370 excarcelados, los cuales ahora deberán ser devueltos a prisión para que el INC realice un segundo análisis. Esta cifra podría aumentar, advirtió Garita.
La decisión, según la funcionaria, se adoptó como medida de prevención y como garantía de seguridad para la ciudadanía.
Según dijo, la medida se tomó luego de que uno de los reos liberados el 23 de octubre de la cárcel de El Roble, Puntarenas, Darío Navarro Grijalba, fuera detenido como sospechoso de participar, tres días después, en un asalto en que murió un comerciante en esa localidad.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recapturó a ese sujeto el 28 de octubre y el Juzgado Penal de Puntarenas le dictó seis meses de prisión preventiva.
Sin fecha. Por ahora, la ministra Garita no detalló la fecha en que esos 40 reclusos deberán ser devueltos a las cárceles pues la orden del juez Murillo les había dado tiempo hasta el 31 de octubre para trasladar las 370 personas de la cárcel de San Sebastián a centros exclusivos para condenados.
En la resolución, el juez indicó que, si en esas cárceles no había lugar, se debía sacar a igual número de personas que cumplirían sus penas en el 2015, no tuvieran condenas previas, causas pendientes, sí domicilio fijo, con fijación de un plazo para encontrar trabajo y que pernoctaran una vez por semana en una prisión.
En un mes, el INC escogió a los 370 reclusos que calzaban con esos criterios y rechazó otros 400 casos.
“La instrucción (de revocar la excarcelación) fue en términos de asegurar y blindar las decisiones técnicas que se brindaron conforme a la decisión del juez de Ejecución de la Pena, haciendo una revisión de criterios y cruces de información con otros agentes.
”Tomamos la decisión por razones de prevención y de seguridad, en términos de evitar cualquier incidente, de revocar algunas de las medidas de desinstitucionalización”, manifestó la ministra.
La presidenta de la República, Laura Chinchilla, respaldó ayer a las 4 p. m. esa decisión en su cuenta en Twitter: “Apoyo decisión de Ministra Justicia de revertir excarcelación de algunos privados de libertad ordenada por juez. Se debe garantizar rigor”.
La ministra Garita aseguró que aún no han conversado con el juez Murillo pues se está a la espera del informe del INC sobre los reos que deberán volver a prisión.
“En este momento estamos haciendo una valoración de qué fue lo que pasó. Si vemos los índices, se trata de una persona, de las 370, en un caso de un delito grave. Los otros hechos delictivos son también preocupantes, pero en total no pasan de tres casos que ha habido. De todas maneras, es un porcentaje mínimo y nos parece que debemos precisar algunos criterios”, declaró Garita.