El Ministerio de Justicia se ahorrará ¢6 millones al año por cada reo que salga de la cárcel con un brazalete electrónico, ya sea porque el juez le impuso una medida cautelar o porque le concedió el arresto domiciliario.
El plan para liberar infractores que no representan un peligro para la población fue aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa el 17 de setiembre, y solo resta que el presidente, Luis Guillermo Solís, le aplique el ejecútese y se publique en La Gaceta.
Según un informe que la ministra de Justicia, Cristina Ramírez, presentó en junio ante la Comisión legislativa Plena Tercera, un día en prisión cuesta $48 por reo, y el gasto diario por el servicio de brazalete va de $11 a $25 (en promedio, $18).
Es decir, si mantener encarcelada a una persona durante un año le cuesta al Estado ¢9,5 millones, el tenerla “desinstitucionalizada” con el dispositivo electrónico implica un ahorro de ¢6 millones.
Propósito. Con el plan, trazado con aportes de la Defensa Pública, se procura regular el uso de la pulsera o tobillera electrónica como alternativa ante la detención preventiva o sustituto de cárcel fijada en sentencia o la ejecución de pena.
Según el texto, pueden salir –previo estudio– condenados por primera vez a seis años de cárcel o menos, mujeres en avanzado estado de embarazo o jefas de hogar con hijos menores de 12 años, más personas con discapacidad.
Se beneficiarían reclusos con enfermedad física, adictiva o psíquica, o con males cuyo tratamiento no pueda ser dado en la cárcel.
El brazalete también puede ser aplicado a personas afectadas por medidas de seguridad por violencia doméstica, para alertar cuando se acerquen a sus víctimas.
Se excluyen los casos de reos relacionados con crimen organizado, delitos sexuales contra menores de edad, utilización de armas de fuego, antecedentes judiciales o perfiles peligrosos.
Funcionamiento. ¿Cuándo comenzarán a utilizarse los brazaletes? La Nación intentó hablar con la ministra Ramírez sobre la fecha en que se sancionaría el plan, el presupuesto asignado para el 2015 y las propuestas para poner en operación el proyecto, pero dijo que no podía atender consultas.
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales, quien preside la Comisión Plena Tercera, aseguró que habrá una fase piloto con presupuesto de $1 millón de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Ministerio de Justicia sostuvo que ese dinero servirá para que la medida se aplique primero a 150 reclusos.
La iniciativa contiene un transitorio para que, durante el primer año, el brazalete solo se utilice como medida cautelar.
Para el funcionamiento, deberán desarrollarse protocolos de implementación y de capacidad de respuesta policial en caso de que el beneficiario incumpla las condiciones que impuso el juez o se quite el dispositivo.
Si así ocurriera, todas las Policías del país están en la obligación de colaborar para detener al usuario y ser presentado ante un juez para que revoque la medida.
La Dirección General de Adaptación Social será la entidad encargada del centro de vigilancia, el cual aún no se ha definido si será contratado a una empresa privada o si lo hará la institución.
Morales sostuvo: “Los privados de libertad son una realidad en la sociedad y tenemos que tomar una decisión de si estos sujetos, por haber delinquido en determinadas situaciones, pueden tener un trato de exclusión social por sus errores.
”Esta legislación marca una diferencia, porque estamos dispuestos a darle un tratamiento diferenciado al privado de libertad, según las características de su comportamiento. Sin duda, los dipositivos son un avance”, señaló.
Por su parte, Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, dijo: “Nuestra responsabilidad será remitir los casos al juez. Comenzaremos con un plan piloto según el perfil de la persona más que la tipología del delito. Veremos el plan de vida individual de cada uno; por ejemplo, la contención familiar, estabilidad socioeconómica, las opciones de estudio, trabajo, tratamiento para las drogas.
”La persona que salga va a estar bajo un estricto control de diferentes entidades y el juez, a través de una audiencia, dará participación a la Fiscalía para que valore todas esas condiciones”.