Ciudad Quesada. Un supuesto fraude con pruebas de laboratorio, de proporciones aún no determinadas, provocó ayer un allanamiento judicial de cinco horas dentro de las oficinas regionales del Servicio de Salud Animal (Senasa), ente adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Los análisis de sangre que están en duda tenían como fin determinar si el ganado padecía Brucelosis , una enfermedad contagiosa que produce abortos en los bovinos, así como retención de placenta y producción de crías débiles. También se puede transmitir al ser humano.
La diligencia fue ordenada por el Juzgado Penal de Hacienda de San José, ya que entre los presuntos defraudadores figuraría al menos un funcionario público.
Durante el allanamiento se invitó a la mayor parte del personal a desalojar los respectivos despachos, por lo que se suspendieron labores y la atención de usuarios.
Como parte del operativo también se revisó la vivienda de un particular en Florencia de San Carlos, quien está siendo investigado en relación con este caso.
Pese a la negativa de las autoridades judiciales para revelar detalles, trascendió que al menos uno de los aparentes fraudes se habría cometido durante el último trimestre del 2012.
Uno de los perjudicados al parecer es un ganadero con finca en la comunidad de La Palmera, quien fue el primero en exigir que se realizara una investigación.
Tras el operativo, la delegación regional del OIJ se limitó a informar que, con autorización de dos jueces penales e igual número de fiscales, los agentes lograron decomiar una gran cantidad de documentos, entre esos facturas, recibos y dictámenes.
Aunque no se detuvo a ninguna persona, no se descarta que ocurran algunas capturas durante los próximos días.
Reportes a medias. Una fuente del Poder Judicial que solicitó el anonimato explicó que fue una persona ajena a Senasa la que habría hecho los sangrados que pusieron al descubierto las supuestas anomalías.
Ese particular habría emitido recibos no membretados por dinero y luego habría entregado las muestras de sangre a un funcionario de la sede local de Senasa, quien al parecer solo habría reportado una parte de la tarifa que cobra esa dependencia por el servicio.
Cada prueba tiene un valor de ¢3.000, lo que genera cifras elevadas cuando se trata de hatos grandes. El asunto salió a la luz luego que el dueño del ganado denunció que le reportaron cuatro machos con supuesta Brucelosis , cuando únicamente le habían sangrado algunas hembras.
A partir de ese momento, el OIJ intervino e inició las pesquisas que suman ya ocho meses.
Días atrás, ganaderos del norte del país criticaron la forma de trabajo que emplea el Senasa.
La Comisión de Ganaderos de Los Chiles expresó durante una reunión con ante del OIJ y con Alba Campos, fiscala regional adjunta, su malestar por la gran cantidad de requisitos que le exige a pequeños productores de queso para darles la licencia de operación.