La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tramita una denuncia contra el jefe, el subjefe y un agente de la Sección de Homicidios del OIJ, por supuesto abuso de autoridad en perjuicio de tres personas que alegan haber sido golpeadas.
Los hechos se remontan al 24 de octubre del 2011, cuando un grupo de policías detuvo cerca del parque de la Paz, en San José, a Owen Roberto Steven Brown. En aquel momento, esta persona era sospechosa del homicidio del custodio de cárceles del OIJ Fernando Calvo Monge.
El pasado 2 de febrero, Steven fue hallado culpable por el Tribunal Penal de San José, que lo condenó a 52 años de prisión por homicidio y robo agravado.
Cuando la Policía capturó al sospechoso, este viajaba como pasajero en un taxi, conducido por un sujeto apellidado Mora, y en el que también iba otro hombre, de apellido Méndez. Los dos últimos no tenían vínculos con el crimen ni eran objetivo de la Policía.
En una persecución sigilosa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para detener a Steven, los siguieron en una moto, un taxi y otro vehículo desde La Aurora de Alajuelita. En el operativo incluso se autorizó el uso de armas de grueso calibre ante informes de que Steven era violento.
Cerca del parque de la Paz, los oficiales interceptaron el taxi donde iba Steven con los demás ocupantes a eso de las 11 p. m. A todos ellos los bajaron del vehículo y los esposaron en el suelo.
Consultado por La Nación, el chofer del taxi manifestó que a él nunca le informaron de qué se trataba la captura y dijo que los policías lo golpearon hasta dejarle moretones en la cara.
De hecho, en el expediente se adjuntaron las fotografías en las que aparece herido.
Relato. “Desde el momento en que nos pararon, fue para golpearnos, nunca nos explicaron qué pasaba. Nos tuvieron como una hora acostados en la calle y después llegó el jefe de Homicidios y nos mandó en carros a las oficinas en San José.
”Ellos estaban haciendo una investigación, pero mi taxi es un servicio público y yo monto a quien me saque la mano y no puedo estar preguntando a la gente si tiene problemas con la ley, si son ladrones, asesinos o narcos. En ese mismo momento me tuvieron que dejar libre, pero me llevaron a las oficinas del OIJ en San José.
”Nos preguntaron que dónde tenía Owen las armas con las que mató al policía, que dónde tenía el búnker y ellos empezaron a golpearlo a uno para que uno dijera lo que no sabía. Cuando me bajaron del taxi me pegaron un cachazo en la ceja y casi me sacan por la ventana”, relató el taxista.
Del otro denunciante, de apellido Méndez, quien es hermano de la entonces secretaria de la jefatura del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, no se pudo obtener ninguna versión pues se encontraba trabajando.
Esa noche, ellos dos fueron liberados, y Steven pasó a una celda.
Francisco Segura, director del OIJ, dijo que esa causa fue tramitada ante el Tribunal de la Inspección Judicial, por lo que aseguró que él no tiene potestad para suspender del puesto a los implicados.
Desestimación. La Inspección Judicial confirmó que desestimó, el 17 de julio del 2012, la causa disciplinaria contra los tres funcionarios, de apellidos Quesada, Luna y Acosta, porque no se pudo individualizar la acción de cada uno de ellos durante la supuesta golpiza.
En la Fiscalía aún se está a la espera de que se formule una acusación. Alejandro Rojas, subdirector de la Defensa Pública, manifestó que ellos representan a los tres imputados.
“Esta situación ocurre durante un operativo para la identificación y detención de un sospechoso de homicidio violento, que estaba acompañado de otros.
”Los oficiales del OIJ tienen que guardar las medidas de seguridad y actuar frente a todos. En ese momento, no se puede descartar quiénes sí o quiénes no están relacionados. Todo esto se tendrá que dilucidar dentro del proceso y no podemos entrar en detalles”, argumentó Rojas.
Por su parte, Segura recalcó: “La Policía tiene una imagen sólida y la gente entiende que nosotros hacemos las cosas a derecho, pero no todo mundo las hace de la manera correcta. En la Policía Judicial trabajan 2.000 personas; no imagino que todos sean santos, pero tratamos de mantener controles para evitar esas cosas”.