La Fiscalía decomisó ayer decenas de documentos y computadoras en la sede central de la Dirección General de Aviación Civil, en La Uruca, como parte de una investigación por presuntas anomalías en la ejecución de varias obras en el aeropuerto internacional Daniel Oduber de Liberia, Guanacaste.
La acción policial, que duró cerca de seis horas, es consecuencia de una denuncia interpuesta por el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), pues un informe interno detectó que, desde el año 2009, se adjudicaron los trabajos por ¢2.124 millones, los cuales se pagaron pero todavía no están terminados.
Ni el Ministerio Público ni Aviación Civil señalaron a las personas sobre quienes recae la presunta responsabilidad, pero la viceministra de Transporte Aéreo y Marítimo, Ana Cristina Jenkins, informó de que, desde junio pasado, se inició un proceso administrativo en contra de los funcionarios involucrados.
Jenkins expresó que la investigación interna contra los empleados fue respaldada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, quien, desde el 10 de octubre pasado, se encargó de conformar el órgano administrativo del procedimiento.
Caso. El fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Cubillo, informó de que el allanamiento en las oficinas de Aviación Civil fue solicitado luego de la denuncia recibida por supuestas anomalías en el aeropuerto Daniel Oduber.
“Se investiga el proyecto de mejoramiento de las franjas de seguridad en la pista, la calle de rodaje, las aguas pluviales y la calle perimetral del aeropuerto”, dijo Cubillo, quien agregó que, al parecer, se podría iniciar un proceso penal por los delitos de malversación de fondos y el pago irregular de contratos administrativos.
El artículo 356 del Código Penal castiga con prisión, de uno a ocho años, al funcionario público que autorice un destino diferente del dinero asignado a una obra.
El pago irregular de contratos sanciona con cárcel, de uno a tres años, al empleado que permita el pago de un trabajo que no ha sido ejecutado o fue entregado de manera defectuoso. Así lo establece el artículo 51 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La viceministra Jenkins manifestó que, ante la sospecha “de presuntas anomalías en perjuicio del erario público (sic) es que la presente Administración procedió a poner en conocimiento del Poder Judicial la situación”.
“Estas supuestas irregularidades tienen que ver con la etapa de planeamiento, desarrollo y pago de la licitación mencionada. Los trabajos se ubican, específicamente, en el lado aéreo, entre la pista y la valla perimetral”, dijo Jenkins.