Darel Cruz, un hombre transgénero e intersexual, originario de Honduras pero residente en Mata de Guineo, Cervantes, Cartago, recurrió a las redes sociales para denunciar amenazas por parte de sus vecinos y la aparente falta de apoyo por parte de las autoridades locales.
En una entrevista con La Nación, Cruz, de 28 años, asegura que se trata de ataques transfóbicos que ponen en peligro su seguridad y la de su novia, Valeria, de 23.
Hace un año, tras la muerte de su abuela en Honduras y enfrentar experiencias negativas en su país natal, Cruz migró a Costa Rica con la esperanza de encontrar mayor tolerancia hacia la comunidad a la que pertenece. En Pacayas, donde su novia tiene una casa, se encontró con hostilidad desde su llegada.
El primer incidente ocurrió durante una discusión sobre una cerca con un vecino, quien cuestionó su identidad de género de manera ofensiva. Sin embargo, los ataques se intensificaron el 18 de noviembre, cuando la perrita de Cruz mató un pollo perteneciente a una vecina.
La reacción de esta vecina embarazada fue llena de transfobia, acusando a la pareja de ser “unas lesbianas” y de que la novia de Cruz “no era una mujer completa” por no tener una pareja con pene. La situación escaló con amenazas de enviar a su esposo para agredirlos.
Ante la creciente hostilidad, la pareja llamó a la policía, pero se les indicó que debían presentar la denuncia el lunes. Al día siguiente, el domingo, el esposo de la vecina embarazada dijo que esperaba la noche para golpear a Cruz.
Este temor llevó a que Cruz optara por quedarse en casa durante todo ese día. Sin embargo, por la noche, su vivienda fue apedreada desde un camino detrás de la propiedad, por lo que nuevamente, llamó a las autoridades.
La respuesta policial empeoró la situación, ya que, según Cruz, al enfrentar a los vecinos problemáticos, estos los insultaron frente a los oficiales, utilizando lenguaje homofóbico y transfóbico.
“Nos decían ‘malditas lesbianas, salgan y nos golpeamos, que si yo me creo hombre que saliera y me peleara, pocas mujeres, que nos íbamos a ir al infierno, que me fuera del país y que su esposo sí tiene pene’”, recordó Darel.
En apariencia, la Policía no intervino durante la pelea y tampoco cuando la mujer embarazada comenzó a pegarle a Darel y a su pareja.
En determinado momento de la pelea, un hijo de la señora embarazada intentó agredir a Valeria, por lo que Darel lo detuvo por la espalda y fue solo en ese momento cuando los oficiales intervinieron.
Darel comentó que los policías lo separaron del joven, lo tomaron del cuello y lo arrojaron al suelo, por lo que tiene una de las rodillas golpeada y con un raspón. Sin embargo, la pelea de las mujeres continuó hasta que otros vecinos llegaron a separarlas. “Los policías estaban viendo como si fueran alguien más del público. Ninguno hizo absolutamente nada para separarlas”, aseguró.
Pasada la agresión, en medio de insultos transfóbicos, cada quien regresó a sus casas, pero antes, el esposo de la mujer embarazada los amenazó de muerte. Un audiovisual, filmado por Darel, constata la intimidación.
“Se van a acordar. Las dos perras se van a morir. Conmigo no se vuelven a meter. Devuélvase a su país”, les gritó la pareja.
La frustración de Cruz y su novia se origina en la aparente falta de respuesta por parte de la Policía ante las agresiones y amenazas, a pesar de expresar su deseo de denunciar los hechos.
El lunes la pareja decidió tomar acción y presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía de Cartago, incluyendo los incidentes de amenazas y agresiones por parte de sus vecinos, así como la presunta agresión policial.
Jefe de Fuerza Pública en Cartago ya solicitó un informe
El comandante Freddy Guillén, jefe de la Fuerza Pública de Cartago, informó a este medio que inició una investigación interna sobre los hechos denunciados y como primer paso solicitó el informe policial del incidente.
Guillén enfatizó en que la responsabilidad primordial de la Policía es restablecer el orden público, lo que implica intervenir y separar a las partes involucradas durante una disputa.
Al mismo tiempo, destacó que cuando la pareja informó a los oficiales sobre su intención de presentar una denuncia, era su deber iniciar los procedimientos pertinentes de manera inmediata.
“Los oficiales tenían la responsabilidad de coordinar con el asesor legal para recibir asesoramiento y llevar a cabo las gestiones necesarias con el Ministerio Público. En ese momento, dependiendo de la evaluación del fiscal, podrían haberse tomado medidas para detener a los agresores”, explicó Guillén.
El comandante además afirmó que le dará el seguimiento necesario al caso para que se tomen las medidas adecuadas y garantizar la seguridad de los involucrados.
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