Guardas privados podrán usar armas de fuego luego de fallo de jueces

Tribunal señala que el Estado se equivocó en la forma en que emitió la orden a las empresas

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Todos los guardas de seguridad privada podrán utilizar armas de fuego, luego de que el Tribunal Contencioso Adminitrativo y Civil de Hacienda anuló una directriz del Ministerio de Seguridad Pública, que restringió la utilización del armamento solo a algunas funciones.

El fallo lo tomaron los jueces el pasado 17 de octubre, al resolver una impugnación a la medida interpuesta por la Cámara Nacional de la Industria de Seguridad.

Para los jueces, el Estado tiene plena potestad de ejercer control sobre el uso de las armas, pero la regulación "debe ser dictada conforme y dentro de los límites que impone el ordenamiento jurídico", mediante un reglamento o un cambio en la ley y no con una directriz.

En la sentencia, además, determinaron que las regulaciones en esta materia deben devolverse al momento en que empezó a regir la instrucción, el 18 de julio del 2017. Es decir, que nuevamente pueden portar arma de fuego todos los trabajadores de seguridad privada que cumplan con los requisitos correspondientes.

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El Ministro de Seguridad, Gustavo Mata, prefirió no emitir ningún criterio sobre el tema, pues alegó que la resolución les fue notificada hasta este martes. "Se la pasé al departamento jurídico para el respectivo análisis", agregó.

Antecedente

El 16 de junio del 2016, el ministro Gustavo Mata firmó una orden que limitó la portación de armas en los servicios de vigilancia privada y que entró a regir 13 meses después.

En esa directriz se estableció que las únicas personas autorizadas para usar el armamento eran las de custodia y transporte de valores, de mercancías, así como los guardaespaldas.

Empero, la medida dejó abierta la posibilidad a todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas en seguir brindando el servicio con armas de fuego, a que presentaran un estudio técnico en el cual justificaran las razones, el cual debía ser elaborado por un criminólogo. Se dejó a criterio de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada el aval para la utilización del armamento.

Mata justificó la medida en el descontrol que hubo durante años en las empresas de seguridad.

Sin embargo, las empresas de seguridad privada objetaron la medida al alegar, entre otras cosas, que dejaba en indefensión a sus trabajadores.

El martes de la semana pasada, los jueces Cynthia Abarca Gómez, José Martín Coneja Cantillo y Roberto Garita Navarro acogieron el reclamo. Empero, al resolver la demanda, determinaron que los requisitos dispuestos por el Ministerio de Seguridad "nos fueron arbitrarios, ni suponen la prohibición del uso de armas de fuego en las diferentes modalidades de servicio de vigilancia privado, sino que se enmarcan dentro de las facultades de control".

También descartaron que las limitaciones dispuestas ocasionaran un detrimento de los derechos fundamentales de los vigilantes, como lo había considerado la Camara Nacional de la Industria de Seguridad.

Reacciones diversas

El fallo provocó reacciones disímiles en el sector. Por un lado, Allan Guillén Miranda, presidente de la Cámara que interpuso la demanda, se mostró satisfecho con la decisión.

"Hay una asunto de principio, el ministro sale a hacer un acuerdo que está por encima de la ley. Está solicitando requisitos que la ley no contempla y eso le abre la puerta a que este ministro u otro en el futuro haga lo mismo, que interponga requisitos o medidas que la ley no establece".

Por el contrario, Eric Koberg, presidente de Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), cree que la regulación que estuvo vigente en el último año tuvo resultados beneficiosos.

"Somos respetuosos de lo que los tribunales decidan, pero este ejercicio de mas de un año de control en el uso de armas ha sido muy positivo, porque hemos logrado retirar armas de muchos lugares a donde no deberían de estar y a la vez hemos logrado identificar lugares donde sí se debe estar armado.

"La forma es donde estuvo el error porque el tribunal nos dice que no lo pueden hacer en la forma en como lo hicieron (...) ahora le tocaría al Ministerio retormar el asunto y volver a empezar (...), insisto, las cosas buenas es que se retiraron muchas armas de circulación, que no se necesitan", declaró.