Gobierno dejará a medias su plan contra el crimen organizado

Llegada de helicópteros e implementación de vigilancia con cámaras de municipios son parte de lo que queda pendiente

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Un ambicioso plan anunciado por el ministro de Seguridad Gustavo Mata en el 2017 presenta importantes avances, pero el funcionario admite que no se completará en las 12 semanas que restan a la actual administración, como originalmente se pensó.

Los dineros para su ejecución provienen mayoritariamente del impuesto que se cobra a las sociedades anónimas y que el Ministerio de Hacienda transfiere al de Seguridad Pública.

Esos fondos representaron en el último trimestre del año pasado unos ¢5.000 millones y para este año podrían rondar los ¢20.000 millones, dijo el ministro Mata, aunque eso depende de la recaudación y al inicio se calculó que iban a generar ¢45.000 millones.

Esos recursos brindan facultades al Ministerio de Seguridad para ponerse al día con equipos, personal, edificaciones y tecnologías para tratar de controlar la arremetida de las estructuras del crimen organizado.

El plan de blindaje original era ambicioso y aunque esta administración busca dejarlo adelantado, no alcanzará la meta inicial.

Pese a la entrada de esos fondos y otros que el año pasado de giraron al Ministerio provenientes del presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia, la presente administración tuvo en los últimos tres años cifras nunca antes vistas en delitos como homicidios, que en el 2017 llegaron a 603, en su mayoría relacionados con ajustes de cuentas por drogas y casos sospechosos de crimen organizado.

Estancados

No se pudo avanzar en aspectos como un centro de monitoreo electrónico que iba a integrar unas 2.000 cámaras de seguridad de las municipalidades de la gran área metropolitana para combatir el tráfico de drogas al menudeo, así como asaltos y otros delitos.

Tampoco se pudo avanzar en una red de detección primaria con radares e instalaciones en puntos vulnerables, que iba a fortalecer zonas como Península de Osa y el cerro Uatsi en Talamanca contra el trasiego de drogas en escala mayor.

Otros áreas que esa red contemplaba el plan para detectar la entrada de drogas y capitales del narco que por ahora quedan pospuestas son la barra del Colorado (Caribe norte), Vista del Mar en el Pacífico norte, el aeropuerto de Los Chiles, cantón fronterizo con Nicaragua y la zona fronteriza noroeste en El Murciélago, Guanacaste.

Tres helicópteros que prometió Estados Unidos para el primer semestre, llegarían hasta fin de año, ya que actualmente la Cancillería realiza detalles para formalizar el convenio de cooperación.

Están en construcción cuatro embarcaciones que el Ministerio de Seguridad compró en $9 millones, pero llegarán a final de año.

Un radar que estaba funcionando en el aeropuerto Juan Santamaría y fue sustituido el año pasado, iba a ser trasladado a Limón para detectar aeronaves y embarcaciones sospechosas en el litoral Caribe, pero todavía sigue guardado en el Juan Santamaría.

Un equipo especial para evitar el ingreso al país de personas con deudas pendientes en otras naciones también están en fase de licitación. Costará casi $40 millones y permitirá verificar que los pasaportes sean legales. Mediante biometrías realizará trazas para determinar si la persona que porta el pasaporte es la misma que aparece en la foto del documento.

Los dos aviones tipo Skytruck, donados por Estados Unidos, llegarán hasta el segundo semestre del año.

Un fuerte trabajo en materia de prevención también queda en manos del próximo gobierno. Según el ministro Mata se debe pensar en generar empleo para sacar gente de la pobreza y desincentivar que, por falta de oportunidades, muchos busquen actividades delictivas.

Llamó a unir a todas las instituciones con metas sociales para alivianar las dificultades económicas y sociales de muchas familias. "El problema no lo resuelve la Policía, solo lo puede contener mientras que las instituciones que combaten pobreza y generan empleo hacen su función", dijo el ministro.

Estrategia inadecuada

El diputado Ronny Monge, de la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, dijo que uno de los grandes fracasos de este gobierno ha sido el manejo de la seguridad.

" Se les aprobó la ley de sociedades anónimas, se les giraron recursos adicionales, han tenido el presupuesto, lo que significa que han mostrado una incapacidad de montar una estrategia que le dé seguridad a este país", acotó

"El crimen organizado ha tomado el país, principalmente ciertas zonas como las de Pavas, Desamparados y León XIII", sostuvo.

Monge tambien criticó lo que estima una liberación precipitada de reos que terminaron cometiendo otros actos delictivos.

Sobre el plan de adquisiciones del Ministerio de Seguridad, estima que hay que proteger al país del narcotráfico pero, aunque el presupuesto establecía la contratación de nuevos policías, dijo que no se ven, y mucho menos las patrullas, mientras que los ciudadanos viven en sus casas como reos, detrás de rejas.

"Estamos invirtiendo en aviones y en barcos que protejan nuestras costas, pero los ciudadanos que están dentro del territorio nacional cada día se sienten más inseguros y más amenazados por la delincuencia organizada", expresó.

Por último criticó que el Gobierno diera el beneficio de vacaciones profilácticas a los policías, sin que hubiese personal que los cubriera.

Sostuvo que eso significa una señal a los delincuentes para que tome el país, porque al no tener policías para sustituir a los que están en vacaciones profilácticas, se desprotege a la ciudadanía.

El Ministerio de Seguridad aprobó ese beneficio al personal policial a partir del 30 de mayo del 2017.

Los avances del blindaje

Entre los aspectos que concretó este Gobierno de su plan para blindar al país del crimen organizado, ya se instaló en Liberia, Guanacaste, un radar donado por los Estados Unidos, el cual estuvo seis meses en pruebas y ahora está en pleno funcionamiento.

Con las señales emitidas por ese radar se han detectado 183 trazas aéreas ingresando o dentro de nuestro espacio aéreo costarricense, lo que permite hacer patrullajes enfocados a la lucha contra el crimen organizado.

De igual manera, ya están 50 guardacostas entrenándose en Baltimore (Maryland), costa este de Estados Unidos. A finales de febrero esos oficiales traerán al país, por vía marítima, dos embarcaciones de 110 pies (33.5 metros) cada una.

Según Mata, esas lanchas las usó la guardia costera de Estados Unidos pero están como nuevas. Se les están haciendo adaptaciones para nuestros litorales y se espera que arriben el 26 de abril, poco antes de que termine la administración actual.

El objetivo con ellas es impedir que ingresen tan fácilmente las lanchas del narco y detenerlas, en caso de que logren entrar.

El refaccionamiento del avión King Air F 90, decomisado al narcotráfico en Sixaola ya concluyó con la cooperación de los Estados Unidos. Ese gobierno suministró equipos valorados en $1 millón para optimizar esa aeronave.

También están operando dos lanchas interceptoras para persecución en altamar. Una está en el Caribe y otra en el Pacífico.

Los dos aviones Harbin Y12e, donados por China, ya han realizado múltiples vuelos de patrullaje y de asistencia humanitaria en emergencias como el huracán Otto y la tormenta Nate.

El Ministerio de Seguridad detectó 96 pistas clandestinas de las que notificó a la Dirección General de Aviación Civil y algunas de ellas fueron destruidas por el Servicio de Vigilancia Aérea. El radar de Liberia ha sido de mucha ayuda en este ámbito.

Cuando estaban en propiedades privadas se notificó a los dueños de los terrenos donde funcionaban. A raíz de ello bajó de forma considerable el arribo de aviones. ” ya no tenemos tantas alertas como se tuvo el ano 2016 y parte del 2017″, dijo el ministro Mata

Aunque las organizaciones narcos acuden ahora a ultraligeros para tratar de burlar los radares, el jerarca de Seguridad dice que la destrucción de pistas clandestinas y la nueva tecnología van a desestimular el uso del espacio aéreo costarricense por parte de esas agrupaciones.

Nueva escuela para capacitación policial

El 28 de agosto del 2017 el gobierno de China entregó al Ministerio de Seguridad las instalaciones de la nueva Escuela Nacional de Policía en La Rita de Pococí, Limón.

Con esa escuela se mejoran sustantivamente la formación y el entrenamiento de policías nuevos, así como de los que ya están en servicio, con cursos básicos y especializaciones.También se busca fortalecer la planilla docente.

En la corriente legislativa ya está el proyecto de Ley de Academia Nacional de Policía, con el que se busca una normativa y procedimientos para la venta de servicios a otros cuerpos policiales así como a países vecinos en diferentes materias.

La Fuerza Pública integró a sus filas en el 2017 a 1.500 nuevos policías. Para agosto de este año se espera que estén formados otros 1.000, en cuyo reclutamiento se trabaja y cuyas plazas se autorizaron por una única vez con dineros del presupuesto de sociedades anónimas.

Con presupuesto del Ministerio de Seguridad se está comprando otro avión King Air que cuesta $8 millones los cuales ya se pagaron. La aeronave está en construcción y se espera que llegue de Estados Unidos en abril.

Ese avión tendrá equipo de radar especial a bordo y un sistema de video y de foto que permite captar imágenes de embarcaciones sospechosas de tráfico, aún en la oscuridad.

Con los radares instalados, la cooperación de organización sin fines de lucro Vulcan y el King Air, ante la alerta de una embarcación sospechosa de narco o de pesca ilegal se podrá, por primera vez, ir hacia ese objetivo. Antes no se podía porque no habían aviones ni barcos adecuados, dijo Gustavo Mata.

Mejores instalaciones

El Ministerio de Seguridad Pública informó que durante los últimos tres años logró la construcción y remodelación de 34 nuevas delegaciones policiales y mejoró la condición de 23 más. Para ello, invirtieron ¢51. 758 millones.

Las 34 estructuras que se construyeron y remodelaron fueron para la Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, la Escuela Nacional de Policía y el Servicio Nacional de Guardacostas ubicadas en todo el país

Entre estas destacan las 11 delegaciones construidas con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Escuela Nacional de Policía en Rita de Pococí, Limón, cuyo aporte fue brindado por la República Popular China.

También, el Ministerio de Seguridad trabajó arduamente para que los oficiales de 23 delegaciones de la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras tuvieran un lugar con las condiciones adecuadas para atender mejor a los ciudadanos.

Satélite coadyuvaría en vigilancia de mares

Con el doble propósito de evitar el saqueo de los recursos marinos del país y de detectar lanchas sospechosas de narcotráfico, el Ministerio de Seguridad estableció los primeros contactos con la organización sin fines de lucro, con sede en Seatle, en el Estado de Washington, Estados Unidos, llamada Vulcan, cuyo compromiso es mejorar el planeta a través de avances científicos y tecnológicos.

Ellos tienen una red de satélites para el control de la pesca ilegal no regulada y brindan información que permitiría la protección de los recursos marinos en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país Pacífico, que es once veces más grande que los 51.000 kilómetros de nuestro territorio continental.

“Si un barco de una flota pesquera internacional ingresara a esa zona, ellos nos podrían suministrar información sobre a qué país pertenece ese barco, quiénes son los tripulantes registrados y cuál es la matrícula”, dijo Roberto Méndez, asesor del Ministerio de Seguridad.

De esta forma las embarcaciones, además del patrullaje costero de rutina, pueden ser enviadas a objetivos específicos que están mar adentro o en nuestro mar patrimonial y que son sospechosas de pesca ilegal o de tráfico de drogas por la región.

Para ello Vulcan toma fotos en tiempo real con la posición exacta y las envía a un centro de control que está en el Minsiterio de Seguridad en barrio Córdoba, San José, desde donde se gira la respectiva alerta a Guardacostas y a Vigilancia Aérea.

Con eso el Ministerio aumenta sus “ojos” en el Pacífico sin necesidad de gastar tanto combustible y recursos como requiere un patrullaje que podría durar varias semanas debido a la extensión de nuestro territorio marítimo.

Actualmente se está en fase de prueba. La información ya está llegando y dura siete minutos en viajar del satélite a la estación del Ministerio.

Otros países que tienen frontera marítima con el nuestro como Ecuador, Colombia y Panamá, cuyos ministros de Ambiente y Defensa estuvieron recientemente en San José, también se mostraron interesados en establecer este servicio de resguardo.

Eso permitiría que los guardacostas puedan trabajar más eficientemente con objetivos concretos, en lugar de los que podrían encontrar en trayectos de patrullaje al azar.

La organización Vulcan es de un grupo de lilántropos que también tienen convenios firmados en Europa para la protección de los mares y trabajan de cerca con el gobierno de Estados Unidos.

Con base a los resultados de algunas pruebas que se realizarán, se va a determinar una segunda etapa donde se valoran los costos administrativos.

Cada imagen puede costar $1.500, pero eso es mucho menos de lo que cuesta un patrullaje . Según el Ministro Mata ya hay algunas organizaciones no gubernamentales, como "Costa Rica por Siempre", que mostraron anuencia a colaborar con el pago de esos servicios, en aras de proteger nuestros recursos.

“Aquí lo novedoso es que hasta ahora se va a tener la posibilidad de resguardar nuestros mares”, dijo Mata.

El ministro ha dicho que no existe en nuestros litorales, una sola región que se haya librado de ser utilizada por las mafias del narco en su afán por llevar drogas desde Colombia a los países del norte.

El principal problema es la extracción de recursos sin la licencia respectiva. La aplicación de la ley en el mar le corresponde al Servicio Nacional de Guardacostas.

Ese cuerpo policial también tiene información de que va en aumento la participación de pescadores costarricenses que tienen subsidio del Estado para la compra de combustible y que prestan ayuda a agrupaciones de narcotráfico.

Se trata de pescadores que, en lugar de usar la gasolina o diésel subsidiado para labores pesqueras, facilitan sus lanchas para el trasiego de drogas o para trasladar hasta embarcaciones de narcotraficantes el combustible que requieren en sus viajes.