Dos individuos a bordo de una motocicleta dispararon en cuatro ocasiones contra el vehículo de una jueza penal de apellidos Castro Fallas, quien se desempeña en el Segundo Circuito Judicial, ubicado en Goicoechea, San José.
Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió a las 8:20 p. m. del jueves en la vía pública de Tarbaca de Aserrí, donde el automóvil de la jueza, un Nissan Qashqai, se encontraba estacionado.
Según la información preliminar proporcionada, la jueza se encontraba visitando a un familiar en el momento del ataque. Los disparos impactaron en el parabrisas trasero, el techo y un costado del vehículo, pero afortunadamente no hubo personas heridas.
La Policía Judicial ya ha iniciado la investigación y sospecha que se utilizó un revólver en el ataque, ya que no se encontraron indicios balísticos en la escena.
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Trascendió que la jueza participó recientemente en casos penales relevantes.
Ante este grave suceso, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia emitió este viernes un comunicado en el que reconoce que los funcionarios judiciales también están expuestos a la ola de inseguridad que atraviesa el país. Afirmó que respecto a este tipo de situaciones ya se han tomado acciones anteriormente.
“Desde enero de 2024 se inició un proceso de capacitación al personal judicial sobre vigilancia y manejo de riesgos, con el fin de ampliar conocimientos sobre cómo actuar ante situaciones de peligro”, se destacó. Además, se informó que la Dirección de Seguridad del Poder Judicial está revisando los protocolos de seguridad para mejorar los sistemas de detección temprana de riesgos y vigilancia.
“Además, se está coordinando con otras entidades fuera del Poder Judicial para materializar acciones y elevar los niveles de seguridad”, se añadió en el comunicado.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, declaró en un video que su ministerio está disponible para colaborar con el Poder Judicial en la confrontación de actos de intimidación como este.
Subrayó la importancia de garantizar el estado de derecho en Costa Rica y aseguró que las fuerzas de seguridad estarán activas para prevenir futuros incidentes dirigidos contra quienes desempeñan funciones judiciales en el país. “La defensa del estado de derecho nos convoca a dar nuestros mejores esfuerzos en la defensa de nuestra institucionalidad”, afirmó.
En respuesta al reciente suceso, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) envió un documento a los magistrados, en el que exigió acciones urgentes y coordinadas para garantizar la protección de los jueces.
“Uno de los problemas que más se han acentuado debido a la falta de recursos institucionales y a una estrategia interna limitada es la desprotección ante la inseguridad que enfrentan jueces y juezas de la República, frente a las presiones del crimen organizado y otros poderes fácticos”, aseguró Acojud.
La Asociación también solicitó la activación permanente de la Comisión de Seguridad Institucional con la participación de Acojud. Además, en el documento se hizo referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a un exrelator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, para insistir en la obligación del Estado de proteger a los operadores de justicia.
Intimidaciones a jueces
Desafortunadamente, el suceso de este jueves no es el primer ataque dirigido a un juez de la República. En febrero de 2021, un juez de apellido Salazar fue atacado por un grupo armado mientras se dirigía hacia Limón, donde trabajaba. En ese momento, el OIJ informó que el funcionario sufrió una golpiza; sin embargo, no se proporcionaron más detalles al respecto.
En antecedentes más distantes, en 1992, el juez Máximo Esquivel Carranza escapó de un ataque incendiario lanzado contra su casa en Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela.
En 1996, los jueces que condenaron a la banda de Ricardo Méndez Castro, alias Bambam, sufrieron intimidaciones. Ese mismo año, la Fiscalía y la Policía Judicial investigaron a un grupo de extranjeros que ingresaron al país con la intención de secuestrar a la hija de una de las juezas.
Además, en marzo de ese mismo año, desconocidos dejaron una nota amenazante a otro miembro de ese tribunal: el juez Carlos Boza, junto con una serpiente que dejaron en el buzón de su vivienda.
En enero de 2004, unos individuos siguieron al juez David Hernández hasta su domicilio. A pesar de los intentos del jurista por despistarlos, los individuos lograron mantenerse cerca durante el trayecto.
Días después, el 4 de abril del mismo año, encontró un papel en el parabrisas de su vehículo con el mensaje: “Cuidado con lo que hace”, acompañado por el dibujo de un hombre ahorcado.
Ese mismo año, una testigo y otro juez involucrados en el caso del homicidio del periodista Parmenio Medina también recibieron amenazas.