Los dueños de cuatro fincas ganaderas en Sabalito de Monterrey, en San Carlos (Alajuela), denunciaron al italiano Michael Popeo porque, al parecer, invadió dos de esos terrenos al amparo de un presunto fraude registral.
Se trata de 304 hectáreas de repastos donde están cientos de cabezas de ganado bovino, equino y vacuno, de razas finas, para engorde y producción de leche.
En la denuncia ante la Fiscalía, se narra que el 31 de mayo al mediodía llegaron tres vehículos a una de las fincas.
En estos viajaban un italiano y siete vigilantes armados, quienes exigieron a los 11 trabajadores que abandonaran el lugar.
Iván Sánchez, uno de los peones, relató a La Nación que, por medio de un traductor, el extranjero exigió desalojar “por las buenas o por las malas”, pues él alegó que era el verdadero propietario.
Tras alertar a sus patronos, Sánchez contó que salieron a eso de las 6 p. m., presionados por el grupo, que no los dejó sacar sus pertenencias, sino hasta el día siguiente.
Ante la denuncia, la Fiscalía giró una orden a la Fuerza Pública para que monitoree sin pausa la propiedad supuestamente invadida. Esto, con el fin de evitar la sustracción de los animales.
Movimientos. Según el Registro Nacional, dos de las fincas –de 162 hectáreas– pertenecen a la Sociedad Ganadera Monterrey Ltda., y las otras dos propiedades, de 142 hectáreas, a Ganadera Paraíso Monterrey S. A. Cada hectárea está valorada en unos ¢15 millones.
Los apoderados de esas sociedades aseguraron haber sido removidos de sus cargos mediante fraude. En cambio, fue nombrado Michael Popeo, quien vendió cada una de las cuatro fincas en ¢1 millón (¢13.000 la hectárea).
La Nación pudo corroborar en el Registro Nacional que el notario Rubén Rojas Castillo protocolizó dos supuestas actas en las que los socios de esas personerías jurídicas revocaron a Jorge Badilla como gerente de Sociedad Ganadera Monterrey, y a Fabio Junior Vargas como presidente de Ganadera Paraíso Monterrey, para nombrar a Popeo en ambas firmas.
Este lunes, se intentó conocer la versión del exdiputado Luis Carlos Araya Monge (2006-2010), quien tiene un poder generalísimo sobre la primera sociedad, pero, vía telefónica, dijo que estaba almorzando.
Los cambios en las sociedades quedaron inscritos a finales de mayo y el día 29 de ese mes, la notaria Viria Picado Rodríguez confeccionó escrituras en la que Popeo vendió las cuatro fincas a Eraida Jarquín Corella, quien dijo vivir en Escazú, pero registra domicilio en La Fortuna de San Carlos.
En vista de que esas escrituras aún no se habían presentado al Registro Nacional y como Jorge Badilla y Fabio Junior Vargas se enteraron del presunto fraude, corrieron a traspasar las fincas ganaderas a otras sociedades hermanas.
Según Badilla, lo hicieron así para proteger los inmuebles y evitar los traspasos. Tales escrituras las presentaron este 13 de junio.
Casualmente, un día después, la abogada Gabriela Alejandré acudió al Registro Nacional para presentar las escrituras de la compraventa de mayo, pero, a la fecha, todos los trámites registrales aparecen como “defectuosos”.
Fabio Junior Vargas afirmó que debieron contratar vigilantes que permanecen por fuera de la finca.
De acuerdo con la Dirección de Migración y Extranjería, no hay registros de entradas a Costa Rica bajo el nombre de Michael Popeo ni con su número de pasaporte.
Se intentó conversar con el notario Rubén Rojas, quien protocolizó el nombramiento del italiano en las sociedades, mas no respondió a las llamadas hechas a teléfonos registrados a su nombre.
Por su parte, la notaria que efectuó la compraventa de las cuatro fincas, Viria Picado, aseguró que lo hizo a pedido de su colega Gabriela Alejandré. “Como yo vi que todo estaba en forma correcta, le dije que no había problema. No conocía a Popeo ni a la señora que adquiría. Yo recogí copias del pasaporte y de la cédula de la señora, y conservo todo en mi protocolo”, aseveró.
Según añadió, todo el trámite se realizó en la oficina de Alejandré en barrio Luján, San José, donde estuvieron Popeo y la compradora Jarquín. La notaria dijo desconocer que existen denuncias por supuesto fraude.
Gabriela Alejandré agregó que solamente prestó su oficina y llevó las escrituras al Registro Nacional.