“Hace siete años, cuando empezamos la casa en Paso Ancho de Oreamuno (Cartago) había solo potreros. Un lugar precioso y silencioso, ideal para que crecieran nuestros hijos.
”En el 2009 un vecino construyó una casa. Entre ambas quedó un lote (300 m²) en el que en el 2012, el vecino puso una fábrica de helados. La pared de la construcción la pegaron a nuestra casa y hasta ahí llegó nuestra tranquilidad.
”En las noches era un ruido infernal, era de locos. La casa vibraba cuando prendían las máquinas. Los chicos no dormían...”.
Ana Gabriela Estrada Poveda, de 37 años, una profesional en Administración, narró así los sufrimientos que pasó , junto a su esposo e hijos (una pareja de 10 años), por la desidia estatal para poner fin a la ruidosa fábrica.
En su lucha por recobrar la tranquilidad, logró que, el 22 de noviembre del 2013, la Sala IV les ordenara al alcalde y al director del Área de Salud de Oreamuno, José Rafael Huertas Guillén y Óscar Rodríguez González, respectivamente, “tomaran las medidas necesarias para dar una solución definitiva a la contaminación ambiental y sanitarios denunciados”. Pese a la sentencia, el ruido no cesaba y en mayo pasado la familia debió retornar a la capital. Hoy viven en Goicoechea.
El abogado Federico Campos Calderón, uno de los asesores de la familia, dijo que con base en la condena demandarán al Estado y a la Municipalidad de Oreamuno por su falta de diligencia.
“La Sala determinó efectivamente que había violaciones constitucionales por la inoperancia del Estado. Hay un montón de daños, no solo a la salud, sino perjuicios económicos que hay que cobrárselos al Estado” , explicó,
Conflicto frecuente. Este caso, que generó investigaciones de la Fiscalía y una condena por amenazas, es uno de muchos conflictos que por ruido ocurren en el país.
Gerardo García Murillo, vocero del Sistema de Emergencias 9-1-1, dijo que no tienen un dato exacto de cuántas alertas reciben por semana, pero sí advirtió de que las quejas por escándalos o ruidos aumentan viernes, sábados y domingo.
“Recibimos la denuncia y la pasamos a la Policía”, explicó.
Francisco Cordero Jiménez, subdirector de la Fuerza Pública de San José, dijo que cuando hay una alerta por ruido se dialoga con los involucrados para calmar el escándalo. “Generalmente lo logramos. pero en ocasiones apenas nos retiramos vuelve el ruido”, dijo.
Cordero agregó que cuando lo pide el quejoso, se confecciona una acta de observación, para que el caso sea llevado ante el Ministerio de Salud o la municipalidad.
Precisamente, en el caso de Ana Gabriela Estrada, entre las pruebas para ratificar el ruido de la fábrica, constan siete actas de observación de la Fuerza Pública de Oreamuno. “Además, aporté fotos, videos. Lo que no entiendo es cómo esa fábrica empieza a funcionar de manera ilegal”, expuso Estrada.
El magistrado Ernesto Jinesta Lobo, quien redactó la sentencia a favor de la demandante, indicó que la fábrica no tuvo permiso sanitario de funcionamiento, pero operó con un permiso del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), que fue cancelado en setiembre del 2013. Asimismo, dijo que en la documentación oficial consta que, aunque Salud dispuso “la clausura total y definitiva de la fábrica” y se colocaron sellos en algunas puertas, y otras quedaron sin clausurar.
Al respecto, José Rafael Huertas, alcalde de Oreamuno, negó que se actuara de manera omisa. “Fuimos diligentes. No siempre es fácil en este tipo de acciones. El permiso al inicio era para un local comercial, cuando intentó poner la industria se clausuró y se selló. Ahora no debe estar funcionando” , dijo.
Gabriela Estrada alegó que pese al fallo de la Sala IV el problema siguió, por lo que el 1.° de mayo dejó su casa. “Ese día, la vida de la familia se suspendió. Tenemos una deuda con el banco, no podemos vender, ni dejar de pagar, ni tenemos dinero para comprar otro lote. El sueño de nosotros no era terminar alquilando un segundo piso en Goicoechea...”, concluyó.