La cifra récord de homicidios, que este martes llegó a 608, el incremento en estafas y el crecimiento del crimen organizado, entre otros delitos, tienen alarmados a exministros de Seguridad y exdirectores del Organismo de Investigación Judicial, quienes se reunieron para discutir el aumento en la inseguridad ciudadana y la proposición de estrategias para revertir las cifras de criminalidad.
En la reunión, agendada este miércoles 14 de diciembre en el marco de la Comisión de Narcotráfico del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, participaron los exministros de Seguridad, Fernando Berrocal, Álvaro Ramos Rechnitz y Gustavo Mata; el exviceministro de esa cartera, Luis Carlos Castillo; los exdirectores de la Policía Judicial, Lineth Saborío y Rafael Ángel Guillen, el exsubdirector del OIJ, Allan Fonseca; el exdirector de la Fuerza Pública, Wálter Navarro y la exjueza y actual diputada, Gloria Navas.
Los exjerarcas lamentaron la precaria situación financiera de los cuerpos policiales y acordaron programar, cuanto antes, una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias y con los jefes de fracción, a efectos de buscar salidas a las dificultades presupuestarias para combatir la delincuencia.
El exdirector del OIJ, Rafael Angel Guillén (1990-1994), dijo estar tremendamente preocupado por lo que considera una “epidemia” con consecuencias muy graves.
Aunque algunos justifican que los narcos se maten entre ellos, para Guillén eso es absurdo, pues las consecuencias colaterales son incalculables. A manera de ejemplo, dijo que cualquier persona honrada que esté en el sitio o el momento equivocado, puede perder la vida cuando se enfrentan a balazos los delincuentes.
Insiste en el uso de la tecnología para aumentar la vigilancia. Por eso, al referirse a los escáneres prometidos por el Gobierno el mes pasado, dijo que el lugar de nueve se ocuparían 50, ante la situación actual. Afirmó que su instalación será muy positiva, pero que la selección de sus operadores debe ser cuidadosa, para evitar la infiltración de los grupos delincuenciales y que, al final, el remedio sea peor que la enfermedad.
Gustavo Mata Vega, exministro de Seguridad entre el 2015 y el 2018, lamentó que en medio de una condición que “prende alarmas” por el aumento en homicidios, robos, asaltos, estafas y otros delitos, cerca de ¢1.500 millones hayan sido cercenados del presupuesto de Seguridad para el 2023.
Hizo hincapié en que más bien se deben destinar más fondos a los cuerpos policiales, muchos de los cuales originalmente fueron creados para ese fin y que han sido desviados casi en su totalidad.
Recordó que en su periodo como ministro se aprobó un impuesto a las Sociedades Anónimas, donde se permitió por una única vez la contratación de 2.000 policías, pero el objetivo posterior era invertir esos fondos en equipos, estructuras y otras urgencias. Como en el 2017 se llegó a un récord de 603 homicidios (actualmente superado) se compró un avión King Air y varias embarcaciones, para combatir el flagelo del narco, pero ahora la mitad de los aviones están varados por falta de recursos.
Esa vez también se compraron embarcaciones y se coordinó con el Gobierno de Estados Unidos para instalar un radar en Guanacaste para detectar embarcaciones y aeronaves sospechosas, pero ya se lo llevaron los estadounidenses. “Ya no tenemos ojos y todo eso afecta”, lamentó Mata, quien indicó que más bien la idea era colocar otro radar en Limón, pues las avionetas entran a cada rato y descargan droga.
Indicó que desde años atrás se veía venir este aumento en la ola delictiva, luego de que en Colombia crecieron los cultivos de cocaína y comenzó a aumentar el paso de droga por la región, hasta convertir a nuestro país en el principal exportador de esa droga a Europa y Estados Unidos.
Cenicienta
La exdirectora del OIJ, Linneth Saborío, indicó que “basta ya de que los cuerpos de seguridad sean la cenicienta de un cuento mal contado”, pues sin seguridad el país no puede aspirar a la sostenibilidad. Afirmó que se debe dotar de recursos a la Policía y por eso estima urgente convocar a la institucionalidad del país para enfrentar un fenómeno que es multicausal.
Para ella, el sistema penal y el Poder Ejecutivo también deben hacer su tarea, de modo que cese la impunidad y que se capacite cada vez más a la gente que trabaja en los ámbitos policiales y judiciales.
Lamentó algunas reformas legales que perjudican el accionar de los cuerpos policiales, como la que rebaja el presupuesto de Migración en muchos millones de colones, aunque no precisó la cifra.
Para Fernando Berrocal Soto, exministro de Seguridad, hay una crisis exponencial de seguridad ciudadana y todo el mundo sabe que en el fondo se debe a la penetración del narcotrafico. Alegó que la debilidad por el litoral Pacífico es enorme, de modo que las lanchas llegan desde San Buenaventura, Colombia, a ese mar que prácticamente solo está resguardado por el convenio de vigilancia conjunta con Estados Unidos.
Estima que si el negocio del narcomenudeo en nuestro país crece, ello se debe a que hay más adictos y más demanda de drogas, por eso lamentó que no exista política de prevención y de tratamiento para rehabilitarlos y que puedan reinsertarse.
Añade que el Instituto contra el Alcoholismo y la Farmacodependencia no tiene presupuesto, de modo que solo algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y ciertas iglesias atienden ese flagelo que envuelve a muchas familias.