Apostar por el hacinamiento es el peor negocio para la seguridad. Así lo cree el ex viceministro de Justicia, Eugenio Polanco, quien, además, teme que la gran masa de reclusos que saldrá en los próximos cinco años de una cárcel que los dañó, lleven consigo una intención de venganza social.
Los últimos Gobiernos han apostado por una política represiva para la seguridad. ¿Se olvidaron del nivel penitenciario?
Desde el 2008 se ha fortalecido del aparato represivo, mejorando la Policía Administrativa, contratando más policías, adquiriendo más equipamiento. Este crecimiento causó una exigencia sobre la eficacia del Poder Judicial pues se querían más sentencias en menos tiempo, lo que se logró con más jueces, fortalecimiento del OIJ, creación de los Tribunales de Flagrancia. Esto tuvo una incidencia directa sobre la tasa de encierro de Costa Rica. ”El problema es que la Dirección General de Adaptación Social no fue fortalecida a nivel financiero, de recursos humanos e infraestructura. Todo ese flujo nuevo de personas que la Policía estaba capturando y que los jueces procesaban no tuvieron una respuesta sistémica, porque el sistema penitenciario no fue preparado, ni hay un plan para recibir este flujo constante, creciente y acelerado de privados de libertad.
¿Cree que el aumento de personas detenidas responde solo a eficacia policial o judicial?
La hipótesis que se tiene del aceleramiento es que el desarrollo de la globalización al generar desempleo, al bajar oportunidades para los jóvenes, al aumentar la inequidad en la distribución del ingreso, incrementa también los delitos contra la propiedad y la vida, y somos más vulnerables al delito organizado del narcotráfico.”Ese ‘ejército de reserva’ que se queda sin empleo, cada vez más opta por el robo. Ya no lo hace para sobrevivir, sino para estar al tanto de los requerimientos. Es un hambre por las necesidades impuestas, no por arroz o frijoles, en muchos casos. Hay una globalización de las necesidades, pero no del ingreso. No es que nos volvimos más malos.
Usted señala que no hay ningún plan para enfrentar el aumento del encierro. ¿Dónde queda el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $132 millones para crear 2.700 espacios?
El préstamo del BID es un discurso engañoso. Las instalaciones estarán, si acaso, para diciembre del 2015, ¿mientras tanto? A diciembre del 2015 habrá 5.666 prisioneros de más y el préstamo BID dará 2.700 espacios. Esto implica que el único plan del actual Gobierno responde al 48% del problema; el otro 52% se queda por fuera y es gente tirada en el suelo, sin seguridad por falta de policías, sin profesionales que atiendan la adicción a las drogas o el problema de violencia. Decir que el BID soluciona el problema es una estafa política.
Con una sobrepoblación del 37,5% que hace cinco años no existía, ¿qué nos espera en adelante?
Otros organismos han establecido que Costa Rica está violando los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, mediante la aplicación de una pena accesoria que es la pena de hacinamiento. Este Gobierno nos va a dejar en mayo del 2014 con un 45,6% de hacinamiento. Con este ritmo, no creo que lleguemos a diciembre, por lo menos 30 muertos habrá.
Le preocupa el estado en que saldrán los reos cuando cumplan la pena. ¿Cómo visualiza la salida de 4.000 reclusos en cinco años?
En los próximos 10 años, al 2023, egresarán 5.428 prisioneros. A esto hay que sumarle los nuevos condenados a menos de 10 años de prisión, que, según estimamos, serán 2.000 más. En los próximos cinco años, estas 4.012 personas que fueron maltratadas por el Estado, la gran mayoría entre 18 y 35 años, saldrán a San José y pequeños grupos mafiosos a Limón, sedientos de venganza social. ¿A esto le llaman política criminal? Desde finales del Gobierno anterior era posible pronosticar la sobrepoblación. Aquí no hay un problema de planificación del Estado, sino de decisión política.
¿Qué alternativas se valoran?
Según el Instituto Nacional de Criminología y la Policía Penitenciaria, requerimos 234 profesionales y 500 policías, más ¢15.000 millones. Costa Rica tiene la experticia y la capacidad para tener el mejor sistema penitenciario.