Bandas lideradas por privados de libertad le pagan hasta ¢50.000 a terceros, a cambio de que estos presten sus cuentas bancarias para recibir el dinero proveniente de fraudes financieros.

Estos fraudes, en los que se aprovecha la confianza y la ignorancia de las víctimas sumaron un perjuicio económico de ¢1.400 millones durante el 2018.

Así lo reveló este martes por la mañana el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en una conferencia de prensa conjunta con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para detallar cómo funciona la estafa mediante la metodología de “ingeniería social”.

En este mecanismo, los reos contactan telefónicamente a comerciantes usando una aplicación que les permite simular números telefónicos asignados a Hacienda.

Luego, le piden a la víctima que instale un software en su computadora personal llamado AnyDesk, con el que logran acceder remotamente al dispositivo.

Además, le piden al estafado que llene formularios de Hacienda o el MEIC para seguir robándole información financiera sensible.

Tras una conversación que incluso puede tardar horas, sustraen números de cuenta, claves dinámicas o tokens y trasfieren el dinero del perjudicado a cuentas de terceros.

“La estafa mediante ingeniería social sigue afectando bastante a la ciudadanía y las cifras en lugar de disminuir van aumentando, lo cual genera una preocupación”, mencionó Karla Chinchilla, jefa de la sección de Fraudes de la Policía Judicial.

La funcionaria detalló que en abril del 2018 se recibieron 58 denuncias, mientras que para octubre, noviembre y diciembre el número se incrementó a 100 mensuales.

“El perjuicio económico en el 2018 por este tipo de fraudes fue de ¢1.400 millones y $230.000. Además, en lo que llevamos del 2019 tenemos 49 denuncias en las que se usa esta modalidad, eso refleja que la problemática es bastante grande”, precisó Chinchilla.

La jerarca judicial destacó que en las investigaciones no han detectado una vulneración a las páginas de los ministerios o entidades bancarias, por lo que los afectados son el eslabón débil, al caer en la trampa que ponen los delincuentes.

Agregó que, cuando una persona es contactada por teléfono y le ofrecen ayuda con la facturación electrónica, lo que se debe hacer es colgar.

“El delito se genera desde centros penales, específicamente desde La Reforma (Centro de Atención Integral Jorge Arturo Montero), desde ahí se hacen las llamadas y las víctimas suelen ser empresarios. Hasta ahora no se ha probado que un funcionario de un ministerio o entidad bancaria participe en los delitos”, manifestó Chinchilla.

Por otra parte, el investigador del OIJ, Jonathan Calderón, dijo que desde que se aplica esta modalidad han detectado 1.700 personas que prestan sus cuentas para recibir el dinero de estafas.

“Los reclutadores (en estas bandas criminales) se convierten en el enlace entre el privado de libertad y el cuenta destino o cuenta mula, como se les conoce. A veces estos últimos son víctimas, porque no saben de dónde viene el dinero, aunque sospechan que puede ser ilícito.

“En total hemos identificado unos 1.700 cuentas destino, quienes retiran el dinero de sus cuentas y se le dan al reclutador. Ellos son quienes materializan el delito y suelen ser gente sin trabajo, que recibe pensión alimentaria o becas”, detalló Calderón.

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En tanto, los reclutadores suelen ser personas cercanas a los privados de libertad o exconvictos.

Calderón añadió que en este tipo de fraudes los estafadores logran establecer un vínculo de confianza con la víctima y eso les permite acceder a las cuentas bancarias de manera remota.

Precaución

Nogui Acosta, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, hizo un llamado a la población a no caer en este timo, ya que desde la cartera no se brinda asesoría telefónica o presencial.

“Hacemos un llamado para que las personas tengan cuidado. Nosotros no estamos asistiendo en esos procesos, por lo que no debe darse ningún tipo de información.

“Las páginas son seguras; sin embargo, es ahí donde el contribuyente debe abstenerse de dar datos porque la responsabilidad de usar las herramientas tecnológicas adecuadamente es propia”, aseguró Acosta.

Laura Pacheco, ministra interina de Economía, Industria y Comercio, recalcó que ellos están enviando correos a los pequeños empresarios y tienen información en su sitio web para advertir que no hacen llamadas.

“Hago un llamado a las empresas para que confíen en nuestra plataforma web, que no ha sido vulnerada. Reforzaremos nuestras acciones de información y prevención y nos sumaremos a la campaña masiva interinstitucional para seguir trabajando en conjunto con el OIJ para enfrentar esta grave situación”, manifestó Pacheco.

Recomendaciones

– Ninguna institución le llamará para solicitar datos personales, o datos sensibles de su empresa.

– En caso que lo llamen y le genere duda corte la llamada y contacte de inmediato a la institución financiera con la que tenga operaciones.

– Si le solicitan descargar algún programa en su computadora no lo haga o bien apague de inmediato su equipo.

– Si fue víctima de fraude realice la denuncia respectiva ante el OIJ.

Información actualizada a las 6:58 p. m. con más datos de las autoridades.