Dos diputadas, un sindicalista y la defensora de los habitantes solicitaron ayer a la presidenta, Laura Chinchilla, que declare “emergencia nacional” en las cárceles por el nivel crítico de sobrepoblación.
El oficio fue firmado por la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz, la diputada del PAC, Carmen Granados, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y la defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum.
En el documento, se señala que la sobrepoblación penitenciario llegó a un 37,2%; es decir, que por cada 100 espacios de alojamiento, hay 37 prisioneros sin cama. Además, que desde el 2011, hubo un recorte de ¢32.500 millones al presupuesto para cárceles.
Esta no es la primera vez que la ANEP solicita esa declaratoria de emergencia al Gobierno. La diputada Carmen Granados manifestó : “Si esta vez no nos escuchan con esta carta que le estamos enviando, nos iríamos a la calle, con todos los funcionarios del sistema penitenciario, para obligarlos a que se haga una mesa de diálogo y declaren emergencia”.
El anuncio lo realizaron ayer en la Asamblea Legislativa, luego de un foro donde se discutió la situación del sistema penitenciario. En el foro participó el magistrado José Manuel Arroyo, el juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, el consultor Guillermo Arroyo, el exviceministro de Justicia, Eugenio Polanco, entre otros.
“En solidaridad con la petitoria de las señores diputadas, yo firmé porque si la presidenta decide declarar emergencia, lo único que hace esto es que se puedan tomar rápidamente algunas decisiones y actos que no deban pasar por el proceso administrativo normal.
”Hay soluciones fácilmente implementable que no las estamos viendo, por eso en la Defensoría ya pedimos a organismos internacionales que vengan a hacer una evaluación”, manifestó.
Según añadió, ejemplo de esas soluciones serían la implementación de los dispositivos electrónicos (brazaletes), cuyo proyecto de ley aún no está aprobado. También, mencionó la reforma a ley de psicotrópicos aprobada para reducir la pena a las mujeres que ingresen droga a centros penales.