Dos oficiales de la Policía de Tránsito fueron detenidos por, presuntamente, tomar ¢5.000 del asiento de un carro al parecer como una dádiva para ignorar confeccionar un parte por ¢300.000 a una conductora.
El arresto de los tráficos se produjo la mañana de este martes cuando los imputados se presentaron a laborar a la oficina ubicada en Zapote, San José.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los sospechosos como de apellidos Cordero Monge y Agüero Montoya.
Contra ambos se abrió un proceso penal por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y concusión. Este último delito castiga con dos a ocho años de prisión cuando se obligue “a alguien a dar o prometer, indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
Según informó la Policía Judicial, el caso que se investiga ocurrió a mediados de noviembre del 2018.
En aquella ocasión una conductora (cuya identidad no fue suministrada) se presentó a la Sección Especializada de Tránsito en San José para denunciar a dos oficiales que en apariencia le pidieron dinero para no hacerle una infracción a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.
Según la denunciante, ella circulaba con su vehículo en las cercanías de la Sabana, en San José, cuando en apariencia realizó una acción no permitida por la ley. Dos oficiales la observaron, la siguieron y le indicaron que se detuviera.
Luego, de acuerdo a la denuncia, los tráficos le dijeron a la mujer que le quitarían la licencia y le confeccionarían una boleta por infringir uno de los artículos de la ley de tránsito, cuya multa sobrepasa los ¢300.000.
La denunciante manifestó en la queja que los policías le dijeron que ellos podían arreglar la situación de alguna manera si ella les daba dinero. Presuntamente, le ofrecieron incluso llevarla a un cajero cercano.
Sin embargo, luego los tráficos tomaron un billete de ¢5.000 que la mujer tenía en el asiento del acompañante y se marcharon, informó el OIJ en un comunicado de prensa.
Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.