El traslado de 70 estudiantes, de San José de Upala, durante el presente curso lectivo ha puesto al descubierto conflictos entre empresarios que compiten por ofrecer el servicio de transporte estudiantil subsidiado por el Ministerio de Educación Pública (MEP).
La disputa quedó manifiesta el pasado 6 de febrero, primer día de clases. Aparentemente, en esa fecha un empresario disparó a las llantas del bus de un competidor, agredió al chofer de esa unidad y sus acompañantes amenazaron a los colegiales con un machete.
Competencia
El hecho ocurrió a las 4:40 p. m., en Villanueva de San José, en Upala, cuando los buses de las dos compañías recogían alumnos del colegio Cindea.
La acción se produjo luego de que una estudiante de 16 años, se negó a subir al autobús propiedad de un transportistas de apellidos Núñez Quesada (que en los últimos años dio el servicio) y prefirió subir a otra unidad de la compañía Green Land Transporte Estudiantil (que hacía el trayecto por primera vez).
El hecho consta en denuncias presentadas en la Fiscalía de Upala por Rulber Jiménez Araya, chofer del bus y por Ulises Valverde Calderón, presidente de Green Land.
Al consultar a Núñez sobre el suceso, dijo que no daría declaraciones por recomendación de su abogado. “Eso tiene que dilucidarse en los tribunales (...) mucho de lo que ahí se dice no es cierto (...) pero usted debería averiguar qué llevó a este problema” , manifestó.
La oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó que, por este caso, está abierta una investigación con expediente 17-000048-559-PE, debido a una aparente agresión con arma. Los imputados se apellidan Núñez Parrales, Núñez Quesada y Rodríguez Barrantes.
Origen del lío
Este es un caso de los muchos que pueden estar sucediendo entre empresarios que quieren dar transporte a estudiantes que tiene un subsidio administrado por el MEP.
Se trata de un beneficio que el año en curso cubre a 125.000 alumnos y se cifra en unos ¢26.000 millones.
El dinero se distribuye de dos formas. Hay 163 rutas que se adjudican en 50 licitaciones. Las restante son contratos directos que firman los estudiantes o sus padres con los empresarios, explicó Rosa Adolio Cascante, directora de Programas de Equidad del MEP.
Esa última forma es la que opera en la ruta del Cindea de San José de Upala.
Ese colegio, que es nocturno, tiene cinco rutas. La del lío es la que recorre desde bajo Ledezma al Cindea. Son 20 kilómetros, la mayoría por una calle de lastre.
Allí, el MEP subsidia a 70 colegiales. Los alumnos reciben en promedio ¢1.200 al día, monto que, multiplicado por los 200 días lectivos, suma un pago total anual de ¢16,8 millones.
El dinero no se entrega a los beneficiados, sino que el MEP lo gira a la Junta de Educación y esta le paga al autobusero que sirve la ruta.
Críticas
Roberto Muñoz Estrada, presidente de la Cámara de Empresarios Autobuseros de Guanacaste y Upala, dijo que las disputas por este tema se iniciaron hace cinco años, cuando llegaron a la región nuevos empresarios que desplazaron a los que, durante años, habían dado el servicio.
Agregó que los recién llegados ofrecieron viajes gratis a la playa y fiestas para ganar los contratos de los alumnos. Así lo precisó en una nota que envió el 17 de noviembre a Rosa Adolio.
Se quejó “por competencia desleal e irrespeto a afiliados (...) así como engaños”.
Muñoz pidió al MEP investigar “los procedimientos para apoderarse de rutas que ya están siendo servidas, en las cuales los estudiantes ya tienen suscritos contratos”.
Al respecto, Marco Ocampo Zúñiga, gerente de Green Land, negó que se empleen engaños.
“Las promociones han sido de boca a boca de los padres de familia, a los que nosotros, desde antes, damos el servicio. Nosotros hablamos con estudiantes y les decimos que si tienen un problema (con los buses actuales) tienen otra opción (...) la diferencia es la calidad del servicio. Los buses están limpios, tienen buen radio y el trato del chofer es bueno. Eso es importante para nosotros”, dijo.
Ocampo agregó que en San José de Upala hicieron una reunión con los alumnos y ellos firmaron contratos de servicio.
Bajo la lupa
Adolio aseguró que una investigación administrativa efectuada luego de la balacera, determinó que ambas empresas tienen contratos y están a derecho en la ruta.
La funcionaria afirmó que el análisis se hizo para evaluar la actuación del personal del MEP en el otorgamiento de los subsidios a los estudiantes y si estos en realidad requieren de la ayuda. Ella añadió que el Ministerio no puede decirle al estudiante con cuál empresario viajar, sino que ese es un convenio privado.
Como un hecho ligado a este caso, en marzo, el MEP trasladó al director del Cindea.