Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), externó ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico su respaldo a que en Costa Rica exista una base de datos con los perfiles e información genética de los agresores sexuales, con el fin de monitorearlos, incluso después de que hayan cumplido una condena.
El jerarca recordó la dolorosa muerte de Yuliana Ureña, una joven de 19 años, quien fue hallada sin vida y semidesnuda dentro de un lote baldío el pasado 22 de setiembre en San Roque de Ciudad Quesada, en San Carlos. Las autoridades señalan que la joven sufrió una agresión sexual por parte de un sospechoso de apellido Acuña, de 39 años
Según señala el director del OIJ, en el caso de Yuliana, su supuesto agresor cuenta con el antecedente de la violación a una menor de 15 años y también a otras dos mujeres. Debido a este caso en particular, Zúñiga cree necesaria la existencia de ese registro para perfilar a los presuntos agresores.
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Zúñiga afirma que, en casos de muertes por violaciones, la extracción de información genética de los cadáveres es un proceso lento. “No es que se tenga una respuesta de inmediato”, señala el funcionario, sino que para analizarlo se podría tomar un proceso de 15 a 20 días, durante los cuales el agresor sexual podría cometer más delitos.
“La apuesta nuestra es que se cometa nada más un delito y ya los demás no. Para nosotros es muy difícil asegurar que va a cometer más delitos, porque no somos una Policía que estemos encima de las personas. Las personas salen de la prisión y en teoría ya viene con un componente de reinserción”, explicó Zúñiga a los diputados.
“En el momento en que la persona sale de prisión, va a tener grandes probabilidades de cometer un delito. Dejémonos de beneficios y llenémonos de penas completas. Pero cuando ponga un pie fuera de la cárcel, ahí es donde hay que darle un seguimiento, un monitoreo que es lo que el OIJ está ofreciendo hacer para los agresores sexuales”, aseveró el jerarca.
Parte del programa también tendría equipos interdisciplinarios con psicólogos, sociólogos, criminólogos, entre otros, para perfilar a la persona y determinar si existe un riesgo para la sociedad. “Estas personas difícilmente se van a poder reinsertar en la sociedad”, señala Zúñiga.
En paralelo al jerarca, algunos diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico señalaron su apoyo a este proyecto, siempre y cuando se analizara para verificar su viabilidad.
Gloria Navas, diputada de Nueva República, mencionó que Zúñiga tiene razón, pues durante años “se ha establecido que esas personas no sanan ese problema y tienen un chip defectuoso”.
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Por su parte, el legislador Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), afirma que ese registro “es absolutamente necesario, por supuesto, para temas de investigación judicial, la Policía Judicial tiene que echar mano de todas sus bases de datos, incluyendo las bases de datos genéticas, que se vayan generando a través de la comisión de los delitos”, acotó Campos.
Por su parte, la parlamentaria del Frente Amplio, Priscilla Vindas, considera que la iniciativa debe analizarse para evitar vicios.
“Hay una muy buena intención detrás del proyecto. Lo estamos analizando con pinzas dentro de la fracción porque es un proyecto que recaba información sensible y hay que tener cuidado de cómo se maneja y cómo podemos garantizar la seguridad de las personas, de las víctimas, pero también no dejar que un proyecto así se pueda caer y traiga problemas al estado por un mal manejo de la información”, externó Vindas.
El proyecto 23.886, para la creación de esta base de datos, fue presentado por Gloria Navas y está siendo analizado por los diputados.