Un diputado propone en una reforma a la Ley de Pensiones Alimentarias bajar de seis a tres meses el tiempo máximo que una persona esté en prisión cuando incumpla con el pago.
La iniciativa está incluida en el expediente 18.847, presentado por el legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Roberto Rodríguez Quesada y que fue publicada en La Gaceta , el pasado lunes 14 de octubre.
En el plan también se sugiere, entre otras cosas, que tanto la persona que debe pagar la pensión alimentaria como el que la recibe, tengan impedimento para salir del país. Actualmente, solo la tiene el deudor.
Asimismo, propone que cuando se falte al pago por primera vez, el moroso cumpla con un trabajo comunal, durante un periodo de 15 días. Solo en el caso de que siga faltando con su deber, se podrá aplicar el apremio corporal de cárcel.
También reduce la edad para someter a una persona a pagar la pensión, de 71 años como está, en este momento, a 65 años.
El Ministerio de Justicia informó de que hay 261 personas presas porque no han pagado las pensiones alimentarias.
Reacciones. El diputado Roberto Rodríguez consideró que todas “las modificaciones que contiene el proyecto parten de la premisa fundamental de una verdadera equidad de género, por lo que es insostenible mantener la norma contenida en el Código de Familia, que dispone que el marido es el principal obligado a sufragar los gastos del hogar”.
El abogado Ricardo González, un especialista en Derecho de Familia, comentó que el plan “tiene algunas ideas buenas, pero otras son contradictorias y con total desconocimiento de la realidad”.
Mientras que Gilberth Gómez Reina, exjuez de Familia, dijo que no conocía el plan en su totalidad, pero, en algunos puntos, nota confusión y en otros innovaciones.
Arcelio Hernández Mussio, otro experto en casos de Familia, expresó que la iniciativa debe agregarse a otras que ya existen en la corriente legislativa. No obstante, la criticó porque no soluciona el que consideró como el problema fundamental: como es buscar trabajo para las personas que tienen una obligación por pensión alimentaria.
Otros cambios. El plan legislativo, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos, también contiene una iniciativa para que el Estado brinde asistencia legal gratuita al deudor alimentario.
Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública, calificó la propuesta como “una alcahuetería” pues dijo: “Estamos en crisis apoyando a las mujeres y ahora a todos los hombres. Que busquen una organización que los represente y que fomente la paternidad responsable. Además, tendrá un gran impacto económico en el Poder Judicial”.
Asimismo, el congresista Rodríguez manifestó que la iniciativa adiciona un artículo al Código Penal, para que se agregue el numeral 412, en el cual se castiga con cárcel de dos a cuatro años cuando una persona irrespete el régimen de visitas establecido.
Este nuevo delito, según dijo Marta Iris Muñoz, es enviar a la cárcel a una persona por un diferendo familiar, el cual debe resolver un juez de Familia. En tanto, Ricardo González no le encontró sentido a esa sanción.