El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, anunció este sábado que presentará una denuncia ante la Fiscalía Ambiental debido a nuevos daños ambientales detectados en las operaciones policiales llevadas a cabo en los últimos días en Crucitas de Cutris, San Carlos.
Según Zamora, los propietarios de esas propiedades, en la zona norte del país, deben colaborar con las acciones que la Policía está llevando a cabo para proteger el medio ambiente, y hasta ahora no lo han hecho.
En finca Vivoyet y otras colindantes continúan las intervenciones para combatir la minería ilegal y otros delitos transfronterizos, lo que le cuesta al Estado más de ¢60 millones al mes, precisó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Durante los operativos han constatado “un grave daño ambiental”, dijo Zamora, por lo que acudirán a la Fiscalía para investigar a fondo la responsabilidad de los finqueros en el mantenimiento de los estándares ambientales en la zona.
Para el jerarca de Seguridad, es imperativo corregir los daños en las propiedades bajo la responsabilidad de sus dueños, para desalentar así el constante ingreso de coligalleros que principalmente en horas de la noche y madrugada, pero también en el día, burlan la presencia policial para llegar a sitios llenos de túneles y canales de donde extraen los sedimentos y el oro.
Ante la presión policial, ahora los mineros ilegales, en lugar de quedarse en las fincas invadidas, intentan llevarse sedimentos a otros lugares cercanos, a veces más allá o muy cerca de la línea fronteriza con Nicaragua, para procesar el metal.
El viceministro de Unidades Regulares del Ministerio, Eric Lacayo, comunicó que en el último mes detuvieron a más de 20 personas a quienes se les decomisaron tómbolas y otros utensilios utilizados para la extracción ilegal de oro, así como sacos de sedimentos que estaban siendo transportados sin procesar hacia otros sitios.
Según el comunicado del MSP, los esfuerzos en zonas de clima muy hostil y topografía difícil resultan insuficientes debido a la gran extensión de la zona. Por eso instaron a la cooperación urgente de los propietarios de las fincas, para intentar mitigar el daño ambiental que durante décadas ha devastado esa área invadida por mineros ilegales.