La Defensoría de los Habitantes puso en duda la atención de los casos de emergencia en aquellas comunidades calificadas como peligrosas.
La inquietud es tal, que la defensora, Monserrat Solano Carboni, interpuso un recurso de amparo ante la Sala IV, para que se obligue al Cuerpo de Bomberos, al Ministerio de Seguridad, a Correos de Costa Rica y al Instituto Nacional de Seguros (INS), a prestar los servicios “oportunos y eficientes”, en esas localidades del país, de las cuales solo se citan 15, en el recurso de amparo.
La petición, presentada el 18 de agosto y a la cual los magistrados le dieron curso al día siguiente, se fundamenta en que el servicio a esos lugares es discriminatorio y desigual.
Reacciones. Héctor Chaves León, director del Cuerpo de Bomberos aseguró que: “Nunca se ha dejado de atender una emergencia bajo ninguna circunstancia (...). Jamás nuestros servicios se han visto delimitados por un factor social, como la delincuencia”.
Juan José Andrade , director de la Fuerza Pública afirmó lo siguiente: “No puedo aceptar jamás la aseveración de la defensora, en razón de que la Policía atiende todas las incidencias que ingresan al Sistema de Emergencia 9-1-1, que son al mes un promedio de 12.000 llamadas y, cada una se cierra, una vez que el policía llega al sitio y constata que el incidente se atienda de acuerdo a un protocolo”.
En tanto, el Departamento de Comunicación del INS informó de que ayer contestaron el recurso, en el cual dan a conocer que mantienen la decisión de no desplazar los inspectores de accidentes a zonas peligrosas.
“La determinación está fundamentada en no exponer a los asegurados y a funcionarios (...) a sufrir riesgos (...), pero conservando el asegurado los derechos contractuales que le corresponden con el seguro”.
Mauricio Rojas Cartín, gerente general de Correos de Costa Rica, en una nota que envió a la Defensoría, explicó que desde junio del 2012 se emitió una directriz, para que cuando se reciba correspondencia dirigida a una zona peligrosa, se pide al cliente que incluya algún teléfono para pedirle al destinatario que pase a alguna oficina a retirarla.
Justificó la decisión en que “se han perpetrado alrededor de 75 robos de motocicletas, en promedio 9,3 motos por año, incluyendo robo de correspondencia”.
Antecedente. El defensor adjunto de los habitantes, Juan Manuel Cordero González, explicó que el recurso se presentó, pues recibieron quejas “y tenemos pruebas”, en el caso del INS y de Correos, de que el servicio se interrumpía.
“En el INS hay una directriz de no llegar a distintas comunidades y en el caso de Correos le sucedía a la Defensoría de que cuando íbamos a notificar algo, la correspondencia era devuelta con una marca que decía comunidad peligrosa”, manifestó Cordero.
Al consultarle del por qué en el recurso se incluyó a los Bomberos y la Fuerza Pública, Cordero expresó que fue “como terceros informantes”, para que la Sala IV los incluya en la elaboración de un protocolo conjunto de actuación en caso de emergencia, pero dijo que no tienen quejas concretas contra esas entidades.