La Defensoría de los Habitantes consideró que el Gobierno debe endurecer los controles para los trámites de importación, almacenaje, inscripción, uso y portación de armas de fuego.
Así lo consigna un criterio firmado por la defensora Monserrat Solano Carboni, el cual fue entregado por la entidad a la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, como un aporte para la discusión del proyecto de Ley de Regulación de Armas de Fuego y Explosivos, actualmente en discusión y con el cual pretende regular la creciente demanda que existe en el país.
LEA. 7.000 armas de vigilancia privada se esfumaron
"La Defensoría ha venido manifestando su preocupación por el aumento en el uso de las armas de fuego y las consecuencias de su débil fiscalización en la seguridad de los habitantes del país (...) es fundamental que el Estado, a través del proyecto de ley, aumente sus capacidades fiscalizadoras que permitan controlar la tenencia de armas en manos de particulaes, muy especialmente las que están en poder y disposición de empresas de seguridad privada cuya personería jurídica, domicilio, físico, armería no resultan ubicables por parte de las autoridades", dice el documento.
El pronunciamiento de la entidad fue dado a conocer este miércoles precisamente cuando La Nación publicó que se desconoce el paradero de 7.070 armas de fuego que fueron inscritas para ser utilizadas por empresas de vigilancia privada. Se trata de 707 firmas a las cuales se les venció la licencia y ha sido imposible ubicarlas, pues cambiaron de domicilio, según un informe de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública.
En criterio de la Defensoría, las personas jurídicas dedicadas al servicio de seguridad privada y que esten debidamente inscritas en Seguridad, no deberían poseer mas de un arma de fuego por empleado legalmente inscrito. Asimismo, que una vez cancelada la licencia de operación, la empresa deberá depositar todas las armas en el Arsenal Nacional.
"El desarme debe figurar como principio rector de la llamada Ley de Armas, ya que la construcción de la paz y la promoción de los Derechos Humanos debe conducir a una sociedad en donde la necesidad real para el uso o disposición de las armas de fuego, en manos de civiles se reduzca y llegue a su mínima expresión" considera la Defensoría.