El defensor adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero, presentó un recurso de amparo contra el Cuerpo de Bomberos, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Ministerio de Seguridad Pública al estimar que han propiciado que no se cumplan servicios esenciales y públicos en ciertos sectores del país catalogados como peligrosos.
El funcionario remitió un oficio a la gerencia del INS en el que indicó que es de conocimiento público que esa institución emitió una directriz dirigida a sus inspectores para abstenerse de realizar diligencias de rigor en caso de accidentes de tránsito que tengan lugar en lo que se ha denominado barrios o comunidades peligrosas.
El defensor pidió explicaciones a la gerencia del INS, la cual le contestó que la determinación tomada por esa entidad se fundamenta en no exponer a sus clientes y demás personas a sufrir los riesgos propios de las zonas peligrosas.
Añade que esas zonas fueron determinadas con la asesoría de la Unidad de Seguros del INS, la Dirección de Bomberos, así como de consultas a las diferentes delegaciones policiales.
Para Cordero eso evidencia que el Estado ha desistido de proporcionar servicios esenciales y públicos en ciertos sectores del país.
Añade que se les cataloga como zonas peligrosas basados únicamente en la experiencia de cada una con el hampa y las agrupaciones criminales.
"Si bien es cierto no existe un estudio técnico como tal, que identifique y catalogue por qué una zona es considerada como "peligrosa", es una realidad que el Estado costarricense ha cedido y continúa cediendo terreno al control de las fuerzas ajenas a las autoridades legítimamente instituidas para establecer el orden social", dice el recurso planteado.
Considera que eso vulnera derechos fundamentales de los pobladores, por lo que solicita que se declare con lugar el recurso, a efectos de que se deje sin efecto cualquier comunicado, directriz o circular que limite o condicione la prestación de los servicios públicos esenciales en determinadas áreas geográficas del país.
Cordero aclaró que han tenido experiencias con Correos y Telégrafos (Cortel) en el sentido de que les devuelven notificaciones indicando que no entran por ser zonas peligrosas. Para él esa situación no se puede dejar pasar y las instituciones deben coordinar para cumplir en todos los puntos del país.
Sostuvo que si tienen que pedir ayuda a la Fuerza Pública para llevar alguna notificación, que lo hagan, pero el INS y Cortel no pueden excluir zonas.
Fuerza Pública niega ceder terrenos. En ese sentido el director general de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, expresó que no puede aceptar jamás la aseveración de la Defensoría de que se deja de entrar a algunos sitios.
Indicó que la Fuerza Pública atiende todas las incidencias que ingresan al sistema 9-1-1, que son en promedio de 12.000 llamadas al mes y cada incidente se cierra una vez que la Policía llega al sitio y atiende de acuerdo con el protocolo establecido.
"La Fuerza Pública ingresa en todo el país, en todos los lugares que se requiera y las veces que sea necesario", acotó.
Difamación injusta. Por su parte el director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, dijo que pese a que hay sectores poblacionales que entrañan algún tipo de peligro a la integridad de los bomberos y comprometen el resguardo de los bienes y equipos disponibles para atender la emergencia, nunca han rehusado la atención en ningún sitio.
Calificó como un exceso lo afirmado por la Defensoría y afirmó que demostrarán puntualmente ante los magistrados que ellos ingresan a todas las zonas de emergencia.
"Injustamente hemos sido cuestionados, difamados y calumniados por la Defensoría", expresó Chaves en un comunicado.
Reconoció que hay zonas que a criterio de esa entidad representan riesgo para la integridad del personal, pero nunca esa condición ha sido motivo para obviar o negar la atención de algún llamado de auxilio.
Información actualizada a las 9:20 p. m.