El 2023 fue el año más violento en la historia de Costa Rica: sumó 907 homicidios dolosos, el equivalente a un crimen de este tipo cada nueve horas. Desafortunadamente, este escenario de violencia se repite en el 2024. En menos de un trimestre, el país acumula 213 asesinatos y se perfila a cerrar diciembre con más de 1.000 víctimas.
La mayoría de estas muertes, advirtió el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), están asociadas a las disputas entre organizaciones de narcotráfico y crimen organizado.
La doctora en derecho penal y magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Vargas, expresó su preocupación ante esta cruda realidad e indicó que como país no podemos ser indiferentes ante el incremento de estos eventos.
En entrevista con La Nación, Vargas enfatizó que, independientemente de si se trata de homicidios vinculados al narcotráfico u otras formas de delincuencia, cada caso constituye una pérdida humana irreparable para la nación. “Cuando dejamos de alarmarnos por el número de personas que matan en este país, estamos mal como sociedad. Nos estamos acostumbrando a eso, y eso es algo que tiene que encender las alarmas”, aseveró.
LEA MÁS: 200 asesinatos: Trabajador hace macabro hallazgo en finca cafetalera de Turrialba
Para Vargas, el aumento de la violencia responde a diversos factores, destacando la influencia social como uno de los más significativos. Afirmó que encarcelar a delincuentes no erradica el problema, ya que la criminalidad persistirá mientras existan condiciones sociales precarias y organizaciones criminales.
“Si queremos incidir, debemos darles oportunidades a estas personas para que el delito no les sea atractivo. Debemos generar políticas de inclusión”, respondió la letrada cuando se le cuestionó sobre qué debía hacer el Gobierno, urgentemente, para cortar de raíz el problema de la inseguridad.
Basándose en su experiencia, la magistrada resaltó que muchas personas vinculadas a estructuras delictivas se desvían hacia el delito desde temprana edad, resultado de la exclusión social que también afectó a sus ancestros. Según la estadística del 2023, el 44% de los asesinados tenían menos de 29 años.
“Estos jóvenes no tienen una cancha para jugar, no tienen una escuela para estudiar. Lo que sí tienen es una organización criminal que les da el reconocimiento que para el adolescente es importante”, explicó la abogada.
Es por eso que, en su criterio, el problema es social, por lo que se necesitan respuestas sociales. No obstante, reconoció que el cambio no se da “de la noche a la mañana”, sino que conlleva tiempo y compromiso de parte de las autoridades e instituciones.
“Necesitamos un Ministerio de Educación Pública (MEP) fuerte en esos sitios. Organizaciones e instituciones, como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con una presencia fuerte para tratar de recuperar a los jóvenes”, mencionó.
Otras acciones urgentes
Respecto al presupuesto, la magistrada admitió que es un factor a considerar, pero también destacó la importancia de establecer prioridades como sociedad y país. “A veces no se requiere tampoco tanto dinero para ser creativo”, agregó.
Para ejemplificar esto, la funcionaria recordó que existen iniciativas privadas “capaces de transformar”, como la de un conocido de ella, quien habilitó una escuela de música en una zona de riesgo social, donde muchos jóvenes se acercaron a aprender algo sano y distinto a lo que es usual en su ambiente.
“Hay carencias, pero cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. No podemos renunciar como país a que las instituciones hagan las tareas que constitucional y legalmente tienen asignadas”, ratificó.
Por otro lado, Vargas abogó por fortalecer todas las fuerzas policiales y prepararse para las consecuencias de esta acción. Señaló la necesidad de reformas legales; por ejemplo, para el monitoreo electrónico, ya que el control no lo lleva el Poder Judicial, sino el Ministerio de Justicia, que es una cartera que “trabaja con muchas carencias económicas”.
Asimismo, apeló por cambios en los centros penitenciarios para garantizar condiciones dignas y favorecer la reinserción social. “Si vamos a privar a alguien de libertad, debemos hacerlo respetando las condiciones establecidas en nuestra Constitución Política. Las cárceles no deben ser depósitos humanos, sino lugares que propicien la reforma”, añadió.
Como ejemplo de malas prácticas en los sistemas penales, Vargas mencionó a El Salvador y México, países los cuales ella considera que renunciaron a enfrentar el problema social. “Si nosotros no tomamos medidas oportunas, tenemos espejos de lo que sucede. Hay que verlos para que no nos pase lo mismo”, concluyó.
LEA MÁS: Tasa de homicidios sube de 12,5 a 17,2 por cada 100.000 habitantes