La Cruz Roja Costarricense advirtió de que, si los diputados no aprueban el proyecto de ley 19.234, se corre el riesgo de que 33 Comités Auxiliares dejen de operar.
Así lo expuso esta mañana Glauco Quesada Ramírez, presidente de la Cruz Roja, en una conferencia de prensa.
Según Quesada, esos 33 comités que están distribuidos por todo el país tuvieron un déficit de ¢900 millones el año pasado y, de seguir así la situación, no podrían continuar en funcionamiento.
La crisis económica se debe, principalmente, a la modificación en la Ley de Tránsito hecha en el 2011. Allí, redujeron de un 15% a un 5% lo que se destina a esta entidad por las multas; es decir, pasaron de recibir ¢2.000 millones al año a solo ¢300 millones.
Para evitar la paralización, la Cruz Roja pide a los diputados aprobar ese proyecto, con el cual se reformarían tres leyes y les ayudaría a percibir más de ¢3 mil millones al año.
El cambio más importante es el que se le haría a la Ley 8690 para que un 1% de todos los recibos telefónicos sea destinado para ayudar a la institución. Actualmente, solo las personas que pagan entre ¢5.000 y ¢50.000 de teléfono, cancelan ese porcentaje.
Con esa modificación, la institución comenzaría a percibir ¢3 mil millones de más.
Otra norma que pretenden cambiar es la ley 5649, la cual hoy fija el precio del Timbre de Cruz Roja en ¢200. Si la aprobaran, este pasaría a costar ¢500.
Con ese aumento, la institución recibiría otros ¢300 millones.
Mientras, la ley 9078 también sería modificada en el sentido de que los carros administrativos de la Cruz Roja no deban pagar los peajes.
Con ese dinero que recibirían, estabilizarían la situación de los comités, fortalecerían los servicios de Cruz Roja (como la atención pre hospitalaria) y le inyectarían presupuesto a programas (prevención de riesgo, atención de desastre, entre otros).
Repercusiones. En caso de que los legisladores no aprueben esta ley, la situación de la entidad se volvería "insostenible", según sus jerarcas.
Idalberto González, gerente general de la Cruz Roja, explicó que lo primero que se haría es convertir los comités en puestos de despacho, lo cual significa que perderían su parte administrativa y solo se quedarían con lo operativo.
"Estos serían administrados por otro centro local y con esto lograríamos reducir el gasto, pero podríamos afectar la capacidad de respuesta", aseveró González.
El funcionario advirtió también de que, si esta medida no es suficiente, podrían considerar en reducir la cantidad de horas de servicio. "Esto quiere decir, básicamente, que solo atenderíamos de día; la noche no la trabajarían. Son situaciones que afectarían demasiado a la comunidad", lamentó.
La situación no termina ahí, aseguró el gerente. Algunos programas, como prevención de riesgo y atención en caso de desastre, también se verían perjudicados.
"En estos años no hemos podido inyectarle presupuesto a esos proyectos que nos permitiría adquirir, por ejemplo, el equipo necesario", concluyó.