La Contraloría General de la República confirmó a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) como la entidad responsable de poner a funcionar el plan que permite usar brazaletes electrónicos en reos que están fuera de una prisión, pero que tienen restricción de los movimientos.
Así lo dio a conocer ayer el Ministerio de Justicia, luego de que el ente contralor rechazara una impugnación a la adjudicación, planteada por la empresa ADC Móvil CRI S. A., que alegó que la ESPH no tiene experiencia en el manejo de la tecnología que se contrató.
En este asunto, el diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, también le pidió a la Contraloría investigar “a fondo” la adjudicación del proyecto de brazaletes electrónicos para reos, porque tiene “serias dudas” sobre el procedimiento usado.
No obstante, hasta ayer esa consulta no había sido respondida, confirmó el despacho del legislador.
Puesta en ejecución. Este proyecto de brazaletes electrónicos debería de comenzar a mediados de noviembre con 90 reclusos, a quienes un juez de Ejecución de la Pena ya les avaló el uso del dispositivo electrónico.
El costo de cada aparato será de $17 por día (unos ¢9.500), el cual es bajo comparado con el gasto diario de un reo en la cárcel ($41; unos ¢23.000).
Los dispositivos no deben pesar más que 180 gramos, tener una apariencia discreta, ser de material hipoalergénico, emitir señales de alarma en caso de corte, ruptura o batería baja, y ser a prueba de golpes, agua y humedad.