El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tuvo que trasladar $5 millones (unos ¢3.400) y ¢6.000 millones a la caja única del Estado, debido a la aplicación estricta de la regla fiscal, de la que posteriormente se les exoneró una parte. Sin embargo, esos fondos, que corresponden a la lucha contra la criminalidad, no les han sido devueltos todavía.
Se trata de los intereses de activos que administra el ICD, así como de la venta y comisos de bienes que eran de grupos delictivos.
El director ejecutivo de esa entidad, Sergio Rodríguez Fernández, realizó una gestión ante la Tesorería Nacional para que se les certifiquen esos traslados y así gestionar ante el Ministerio de Hacienda su recuperación, a efecto de destinarlos a los fines específicos que la ley dispone, entre ellos la ayuda a cuerpos policiales que tanto urgen de esos fondos.
Así lo explicó Rodríguez en una exposición ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde dijo que cada año el ICD administra dineros que tiene en su custodia desde el 2012, los cuales suman $83 millones, de ellos solo puede usar los intereses, pues aún hay casos pendientes de resolución judicial. Buena parte de esos fondos provienen de comisos hechos a organizaciones delictivas, las cuales nunca justificaron el origen lícito de los mismos.
El ICD insistirá en que se les permita usarlos, ya que eso repercute en su labor propia, así como en la lucha contra el lavado de dinero, la ayuda a los cuerpos policiales y también a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que colaboran con planes de prevención, los cuales han sido cercenados.
A partir del 2020, al ICD se le recortó hasta un 60% el presupuesto, debido a que la entidad fue incorporada presupuestariamente al Ministerio de la Presidencia, con base en la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central ( N°. 9564).
Golpean patrimonio narco
El jerarca del ICD también se refirió ante los diputados al proyecto de ley de extinción de dominio (expediente N.° 19.571), una herramienta para atacar la delincuencia organizada, afectando directamente su patrimonio sin necesidad de superar un proceso penal.
Rodríguez afirmó que no es necesaria esa ley pues actualmente el artículo referido a capitales emergentes de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (N.° 8754), permite golpear esos capitales ya que “por seguimiento en la cadena de la prueba, la persona tiene que demostrar en sede contenciosa administrativa y no penal, el asidero o respaldo de una fortuna, vehículos, viviendas u otros bienes”, dijo.
Al recibir una alerta, el ICD investiga y comunica el reporte de operaciones sospechosas a la Fiscalía que revisa el caso. De encontrarse sustento para demostrar que de la noche a la mañana una persona comienza a adquirir bienes de lujo, viaja constantemente o hace ostentación de bienes fuera de lo común, se le pide justificar la forma en que se han adquirido los bienes, sin necesidad de ir a sede penal.
“Si la persona no lo demuestra, se le incautan los bienes. Es una herramienta que ya se aplica y tiene el aval de la Sala Constitucional, de modo que no se justifica crear otra legislación, que tiene resistencia en ciertos sectores, si ya esto funciona con el mismo objetivo”, indicó Rodriguez.
De acuerdo con esa legislación, “la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD o el Ministerio Público podrán denunciar, ante el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente, con una retrospectiva hasta de diez años, de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica”.
A manera de ejemplo, Rodríguez recordó ante los diputados que la reciente desarticulación de una banda dedicada al lavado de dólares en Pérez Zeledón, se logró gracias a una alerta financiera que entró en el 2019 al ICD. Esa banda, del caso denominado Fénix, era liderada por un sujeto de apellidos Segura Angulo y por su compañera sentimental apellidada Chacón Vargas.
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Escáneres no resuelven todo
Entre la larga lista de temas tratados, el diputado oficialista Jorge Rojas López, le pidió opinión al jerarca del ICD sobre la necesidad de más escáneres para mejorar las incautaciones en aduanas, puertos y aeropuertos. En ese sentido, Rodríguez dijo que se trata de una herramienta más, pero que no son “la pomada canaria”. Nada hacemos con escáneres, si no tenemos capacitación para leer las imágenes”, sostuvo.
Agregó que no se puede escanear el 100% de las mercaderías, por lo que más bien se deben afinar los sistemas de perfilamiento de los órganos operativos para valorar procedencia, tipo de carga, la naviera, la ruta y otros factores de riesgo a la hora de definir si un contenedor se escanea o no.
Por último, en relación con la reciente aprobación de la ley para aprovechar el cáñamo de manera industrial, el jerarca estimó que es imposible para el ICD cumplir con lo dispuesto en es normativa, pues se les pide certificar los fondos de empresarios que invertirían en ese campo y eso solo lo puede determinar un juez.
“Estamos proponiendo enmiendas en una reforma a la ley, porque lo establecido es una traba para su puesta en vigencia”, puntualizó.