Un total de 189 reclusos del Centro de Atención Institucional San José, conocido como la cárcel de San Sebastián, fueron trasladados al centro penitenciario La Reforma y a otros penales.

La disposición tiene el objetivo de cumplir el reglamento de Adaptación Social para separar las poblaciones y dejar en San Sebastián, ubicado en ese distrito josefino, solo personas indiciadas, es decir, que están a la espera de juicio.

Así lo confirmó la ministra de Justicia, Marcia González, quien explicó que la medida pretende mitigar el hacinamiento y mejorar la atención técnica para las personas privadas de libertad.

Como parte del plan también hubo traslados a la inversa, pues se pasaron 100 indiciados que estaban en La Reforma, en San Rafael de Alajuela, a San Sebastián.

Al sacar indiciados de La Reforma se evita el desgaste propio que implica esta población, que requiere traslados constantes para diligencias judiciales y exige mucho recurso humano, el cual debe estar dispuesto para atender las demandas de los sentenciados.

De esta forma, a partir de esta semana, la cárcel de San Sebastián retoma el fin para el cual había sido concebida, que es ser un centro penal exclusivamente para población indiciada.

Entre el martes y el miércoles, se llevaron a 115 personas a diferentes centros. Otros 38 indiciados quedaron en la Unidad de Atención Integral (UAI) de Pococí, 15 en el Centro de Atención Instititucional Luis Paulino Mora (dentro de La Reforma) y otros 15 en el Luis Gerardo Rodríguez, también en San Rafael de Alajuela.

La movilización se realiza en coordinación con la Fuerza Pública, que garantiza la seguridad de la operación.

Además, se realizó un análisis previo de cada recluso y su situación jurídica para poder ubicarlo en un centro que cumpliera con sus necesidades de atención técnica, pero también de contención.

Por su condición jurídica, las personas indiciadas no tienen asignado un plan de atención profesional, solo plan de acciones inmediatas orientadas a las necesidades emergentes, como acceso a derechos como salud, visita íntima y otros, pero no requieren atención individual o grupal.

Lo anterior porque son personas cuyo futuro jurídico no está resuelto, diferente a quienes pasarán años dentro del sistema penitenciario porque así lo dicta una sentencia judicial.

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Al 28 de febrero la población penal era de 15.454 privados de libertad, es decir un 30,4% más de la capacidad instalada, lo que ha provocado hacinamiento en 10 de las 21 cárceles del país.

Esposados y en buses

Heriberto Álvarez Cantón, jefe institucional de Adaptación Social, explicó que los traslados se realizan en estricto apego al protocolo que exige cacheo corporal a la salida del centro y al ingreso al nuevo destino.

Previamente, se analiza el perfil de los privados de libertad para evitar que confluyan personas con problemas de convivencia o que sean del bandas contrarias, para prevenir agresiones.

Ellos viajan esposados en buses del Ministerio de Seguridad, con personal de la Policía Penitenciaria a bordo. Esos policías llevan armas de defensa personal, pero no de fuego. Los que viajan en las patrullas que custodian los buses sí llevan armas de fuego.

Álvarez explicó que en cada movilización se busca que los privados de libertad queden más cerca de los familias, para facilitar las visitas y el suministro de artículos de primera necesidad, que generalmente les llevan.

De igual forma, eso se refleja en un ahorro en pasajes para los familiares que van a visitarlos.

Quema de colchón

Aunque siempre se busca favorecer con el traslado a los reclusos, a menudo surgen molestias, como ocurrió este viernes en el Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas, en La Leticia de Pococí, cuando a las 2:30 p. m. un privado de libertad del pabellón C-2, quemó una colchoneta en el portón de ingreso, como protesta por el traslado.

El fuego quemó unos cables de electricidad y de teléfono. De inmediato se activó el protocolo de seguridad y se dio aviso a los bomberos que con una unidad extintora controlaron la situación rápidamente.

No hubo personas afectadas por el humo, informó el Ministerio de Justicia.

Esa situación no impidió el traslado de la población sentenciada.

“Hay centros donde los privados de libertad tienen más facilidad para adquirir droga u otro tipo de cosas y cuando se les traslada, se desestabilizan y cuestionan el cambio porque ya no van a tener acceso a muchas cosas”, dijo Álvarez.