Melissa Cortés, de 21 años, esperó ocho horas el día que le aprobaron la libertad para cruzar el portón de la cárcel El Buen Pastor, en Desamparados, con su bebé de dos años en brazos. Llevaba un año y medio de estar presa, pero salió en octubre.
Ella forma parte de un grupo de 125 mujeres condenadas por introducir droga a un centro penal, quienes resultaron beneficiadas con la reforma legal que redujo las penas para este delito y permitió cambiar el cumplimiento en prisión por medidas alternativas.
Se trata del artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, que entró en vigencia el 23 de setiembre del 2013, para bajar la pena de cárcel a mujeres en condición de pobreza o con hijos menores.
“Cuando salí, no sabía ni para dónde agarrar, no sabía qué hacer, ni dónde montarme. Cuando mi mamá y mi tía llegaron por mí, nos pusimos a llorar”, expresó esta madre de otro niño de 6 años.
El Tribunal Penal de Alajuela sentenció a Melissa Cortés, en julio del 2011, a 5 años y 4 meses de cárcel por introducir droga a La Reforma . Según dijo, su expareja, que estaba preso, la amenazó para que lo hiciera.
Tras ser liberada, Cortés se comprometió a cumplir una serie de condiciones: tener domicilio fijo, trabajo, realizar 300 horas de servicio comunal y presentarse a firmar periódicamente en una oficina judicial.
Esa joven, soltera, apenas cursó el tercer grado y como tiene su hoja de delincuencia manchada asegura que le ha costado conseguir un trabajo estable porque siempre le devuelven el currículo. “Me discriminan como si fuese una delincuente”, dijo.
A ella, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) le daba ¢50.000 cada mes para la manutención de sus dos hijos, pues tanto ella como el padre de los menores estaban presos, pero ahora que salió, no le dan más dinero y debe pagar alquiler, comida, agua y luz.
Vulnerables. La condición de pobreza, falta de estudio y estigmatización que Melissa Cortés vive, se repite en buena parte de las mujeres liberadas.
Por esta razón, la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que no abandone al grupo de las 125 liberadas y, al contrario, se establezcan prioridades de apoyo institucional con el fin de evitar la reincidencia.
En la Defensa Pública están tejiendo una red de apoyo con al menos diez instituciones públicas, que, por ley, deberían de estar brindando asistencia social, económica, laboral y educativa a las mujeres y sus familias. Sin embargo, se desconoce cuáles son las obligaciones específicas de cada entidad.
“Pensamos que es posible, mediante un decreto, crear una política pública para que un ente rector le dé seguimiento a esos hogares. Nosotros tenemos la base de datos de ellas y podemos remitir los casos”, expresó Muñoz.
María Isabel Chamorro, ministra de la Condición de la Mujer, dijo que como ente rector están identificando dónde se encuentra cada una de esas mujeres.
La intención, según ella, es desarrollar un plan de atención individual y coordinar la ayuda en formación humana y en capacitación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para fortalecer la independencia económica.
De acuerdo con directora de la Defensa Pública, al 20 de marzo del 2012 había 780 reclusas en El Buen Pastor.
La cuarta parte de ellas estaba presa por meter droga a una prisión; seis de cada 10 tienen menos de 35 años y ni siquiera el 1% ha terminado el colegio. La mitad de las reclusas son solteras, pero con varios hijos que atender (solo un 3% del total no tiene).
Esas mujeres, dijo Muñoz, tienen condiciones de vulnerabilidad, pues son pobres, han sufrido agresión física y psicológica y deben mantener a sus hijos.
Sus hijos lidian con las consecuencias de la desintegración causada por el encierro y requieren atención para no reproducir patrones delictivos en algunos casos.