Un universitario, de 19 años, está por llegar a su casa en un pick-up , marca Nissan Frontier, después de salir de clases. Es 26 de marzo del 2012. Mientras espera estacionado, a que se abra el portón automático del garaje, dos sujetos a pie, aparecen entre la oscuridad, y lo abordan. Son las 9:20 p. m. y estamos frente a un “bajonazo”.
La víctima intenta escapar con su vehículo para ponerse a salvo, por lo que acelera, pero de pronto, escucha un bombazo: su auto se monta en la acera y choca contra una casa. El chofer no se percató de que había sido baleado en la región mandibular izquierda de su cabeza, cerca del oído.
Los individuos llegaron hasta donde el conductor, el cual se lanzó a la vía pública y, según dice, se hizo el muerto para que no le volvieran a disparar.
Desde allí, observó cómo se llevaron el auto. Luego se arrastró hasta su casa para que sus familiares lo auxiliaran.
El proyectil calibre 38 había sido expulsado por el cañón de una pistola, marca Astra, modelo 4.000, número de serie 794461, que carecía de los permisos, según comprobaron las autoridades.
Dos años y tres meses después, La Nación buscó a la víctima del hecho delictivo para hacer matemáticas. El resultado sorprende: aquella bala de ¢370, que casi mata al joven, se convirtió en una factura de ¢42 millones para el país. La identidad de él se reservará por razones de seguridad.
Captura. Los asaltantes dejaron abandonado el vehículo robado a 500 metros del lugar y se montaron en un Nissan Murano, conducido por otro sujeto. Sin embargo, 10 minutos después, este auto chocó contra una moto.
Los dos sujetos que realizaron el “bajonazo” intentaron irse en un taxi y escondieron la pistola debajo de un asiento, pero los oficiales de la Fuerza Pública los detuvieron a tiempo.
Desde esa noche, los tres sospechosos fueron presentados a la Fiscalía como los presuntos responsables del hecho, por lo que se les impuso prisión preventiva, mientras se realizaba el juicio penal.
Entre diciembre del 2013 y enero del 2014 se realizaron dos debates distintos. En el primero se condenó a un sujeto apellidado Córdoba, y se absolvió a Guzmán, quien era el chofer del Murano, pues no se probó su participación en el “bajonazo”. Córdoba fue castigado con 20 años de prisión por tentativa de homicidio calificado
En el segundo debate, que duró cinco días, fue condenado, a 20 años, otro individuo, de apellido Rojas, cuyo caso está en apelación.
Según los cálculos de Adaptación Social, la estadía de Guzmán en prisión, quien fue liberado el 8 de enero del 2014, fue de ¢8,7 millones; y la de los otros dos, quienes continúan presos, ha costado ¢25,9 millones al día de hoy.
Durante los dos debates, se debieron pagar los salarios, por nueve días, de seis jueces, dos fiscales y los cuatro defensores privados de los imputados: ¢3,6 millones en total.
Esos cálculos se realizaron con base en la tabla de honorarios del Colegio de Abogados y los índices salariales del Poder Judicial.
Además, debe sumarse el tiquete aéreo por ¢560.000 que la Fiscalía pagó, pues en ese momento la víctima trabajaba en Estados Unidos y debía declarar en un juicio, vía teleconferencia, desde Houston.
En ese caso, no fue posible calcular el costo de la investigación que realizó el OIJ, los dictámenes de la Medicatura Forense ni la Dirección Funcional de la Fiscalía, pues estas entidades explicaron que no tienen manera de sacar el dato.
Recuperación. Tras el auxilio de los familiares después del “bajonazo”, la víctima fue llevada al Hospital San Juan de Dios y, luego, al Calderón Guardia. Según confirmó la Caja Costarricense del Seguro Social, la atención hospitalaria del paciente costó ¢1,5 millones.
A él le debieron inmovilizar la mandíbula con cuatro tornillos (cada uno costó ¢50.000), por seis meses, para mantenerle la boca cerrada y que los huesos sanaran.
Durante ese tiempo, debió consumir líquidos especiales, pues le era imposible masticar, lo que significaron gastos por ¢336.000.
A ese monto debe sumársele ¢1,4 millones por la pérdida de los cursos universitarios, siete visitas al odontólogo, salarios perdidos, reparación del vehículo, entre otros.
De acuerdo con la Medicatura Forense, la víctima sufrió una incapacidad permanente del 3% de su capacidad general.
Según dijo el joven, luego de que le quitaron los tornillos y pudo abrir la boca, la recuperación fue muy dolorosa. Añadió que el daño psicológico es incalculable, pues los temores existen e incluso pusieron en venta la casa para mudarse a otro sitio y no recordar aquella trágica noche.