Ivonne y Sonia fueron víctimas de asalto en San José centro. A la primera la despojaron de su celular y a la segunda le arrebataron una cadena de oro.
Ante lo vivido, estas dos mujeres, cuyos apellidos fueron reservados por seguridad, tomaron sus propias previsiones y ahora portan un gas pimienta y una lima de metal con punta, respectivamente.
Además, evitan transitar por la capital y, si por algún motivo deben pasar por ahí, prefieren andar sin artículos de valor, tal y como lo han recomendado las autoridades en campañas como A cualquiera le puede pasar, implementada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a finales del 2018.
Iniciativas de ese tipo, en las que se brindan consejos a la población, son tan solo uno de los múltiples esfuerzos hechos por los cuerpos policiales para bajar los delitos contra la propiedad en el territorio nacional.
Esas acciones parecen haber dado fruto, ya que hasta el 8 de diciembre del año pasado se registró una disminución del 6% en esos ilícitos, en comparación con el mismo periodo del 2018.
Asaltos, hurtos, robo de viviendas, robo de ganado, robo de vehículo y tacha de vehículos presentaron disminuciones entre el 1,2% y el 25% si se compara un año con otro.
Por ejemplo, en asaltos se pasó de 15.518 denuncias en 2018 a 14.257 un año después, mientras que las tachas de vehículos cayeron de 5.041 a 3.779.
Michael Soto Rojas, ministro de Seguridad Pública, y Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, atribuyen los buenos resultados a los megaoperativos y el trabajo realizado de manera conjunta entre diversas instituciones.
“La disminución en delitos contra la propiedad es muy positiva. Se siguen dando, pero hay una baja que tiene que ver con la estrategia de los megaoperativos, en los cuales participan otras policías que trabajan al mismo tiempo por un objetivo común.
“Además, hay una distribución inteligente del recurso humano y móvil basado en el análisis criminal detallado por horas, zonas y días de la semana”, explicó el jerarca de Seguridad.
Por su parte, Espinoza destacó que el análisis y la valoración de datos dirigidos a las acciones policiales permiten tomar decisiones adecuadas para impactar la criminalidad.
Añadió que con esas estadísticas se reúnen en mesas de trabajo en todo el país, donde toman decisiones sobre cómo abordar las problemáticas.
“Identificamos objetivos, modos de operación, horas de los delitos y medios de comisión. Una vez con eso tratamos de generar acciones que permitan detener a los involucrados o ejecutar actividades para contener las actividades criminales”, aseguró Espinoza.
El jerarca judicial también dijo que en los últimos años han desarticulado al menos 12 bandas dedicadas a cometer delitos contra la propiedad, las cuales provocaban intranquilidad para la población.
Gustavo Viales Villegas, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, consideró que la baja en estos delitos es importante y destacó que es parte de un esfuerzo que han hecho los organismos policiales para aumentar la seguridad en el país.
Sin embargo, cree que se debe seguir trabajando e implementar medidas puntuales, especialmente, en las zonas fronterizas, costeras y barrios conflictivos del territorio costarricense.
Destacó que desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico se apoyan los proyectos que fortalecen la seguridad.
“Con la aprobación de la ley para regular las casas de empeño considero que se colaboró en la disminución de delitos contra la propiedad, ya que no se tiene la posibilidad de comercializar objetos robados. La ley de armas también ayuda mucho y vamos a seguir en esa línea”, aseveró Viales.
Trabajo integral
Soto agregó que el impulso de iniciativas en las que se trabaja integralmente también son importantes para reducir todos los delitos.
Por ejemplo, el programa Sembremos Seguridad es una estrategia en la que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) trabaja de manera conjunta con los municipios que quieran participar.
La iniciativa no solo se enfoca en la contención policial, sino que también permite recuperar espacios públicos y realizar actividades que alejen a niños y jóvenes de actividades criminales desde edades tempranas.
El Centro Cívico por la Paz, en Guararí de San Francisco de Heredia, es un ejemplo de que el abordaje integral colaboró en la percepción de seguridad de la zona.
Si bien este proyecto no fue desarrollado como parte de Sembremos Seguridad, es una muestra de que ofrecer espacios públicos permite a los muchachos enfocarse en el deporte y la recreación de manera saludable.
El objetivo del centro es combatir la violencia mediante tres áreas: la deportiva, la artística y la recreativa, contó a La Nación en noviembre anterior su coordinador, Rafael Marín.
Para tener una oferta variada, gratuita y para toda la familia, el Centro Cívico hace alianzas con el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Además, prestan sus instalaciones para que entrene el equipo de Guararí de la Liga Femenina de Fútbol.
Esta institución se enfoca en adolescentes de entre los 13 y los 17 años, debido a que, según análisis que han hecho, es la población más vulnerable ante la delincuencia. Sin embargo, no es excluyente.