Un abogado cartaginés fue detenido este martes como sospechoso de realizar 38 matrimonios simulados de extranjeros, para facilitar el ingreso de los foráneos a suelo costarricense.
La captura la ejecutaron oficiales de la Policía Profesional de Migración, bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta de Fraudes de San José, durante un allanamiento realizado en la casa del profesional en El Tejar de El Guarco, Cartago.
El imputado es de apellidos Leandro Hernández, de 54 años, a quien se le atribuyen los delitos de falsedad ideológica y matrimonio simulado, informaron la Dirección General de Migración y Extranjería y la Fiscalía General de la República.
Leandro se incorporó al Colegio de Abogados de Costa Rica el 31 de octubre de 1998. En dicha organización consta, en el acta 15-2017 del 8 de mayo del 2017, una sanción de tres meses de suspensión por faltas al código de deberes, jurídicos y morales de la entidad. Ese castigo lo debió cumplir entre el 24 de octubre de 2017 y el 23 de enero de 2018.
El director interino de la Policía de Migración, Elías Quesada, dijo que al sospechoso se le atribuye tramitar falsas uniones maritales entre personas costarricenses y extranjeros de diferentes nacionalidades, dentro de las que predominan chinos, dominicanos y colombianos.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre agosto de 2012 y noviembre 2017.
En apariencia, el abogado consignó en varias fórmulas que le fueron asignadas por el Registro Civil y en su protocolo, que ciudadanos extranjeros se casaron con ciudadanos nacionales, haciendo constar aparentemente información falsa.
La finalidad de esos matrimonios era permitir que los foráneos obtuvieran alguna condición migratoria en el país o bien solicitar ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la naturalización después de dos años de contraída la unión.
También se determinó que pese a estar suspendido, el profesional presentó inscripciones de matrimonios ante el TSE.
Leandro fue indagado la tarde de este martes. La Fiscalía informó de que ahora se hará una valoración de sus arraigos procesales (laboral, familiar y domiciliar) para determinar si es necesario solicitar alguna medida cautelar en contra del abogado.