Nueve de cada 10 reos no han concluido el colegio, lo cual les facilitó el ingreso a la “universidad del delito”, de la que 4.012 reclusos se graduarán durante los próximos cinco años.
Con esa analogía, el ex viceministro de Justicia, Eugenio Polanco, mostró su preocupación por la “tecnología criminal” que dentro de la prisión se transfiere entre los reclusos, muchos de ellos próximos a salir.
Cada año, un promedio de 543 privados de libertad cumplen su pena con descuento. Sin embargo, las estadísticas de Adaptación Social reflejan que entre el 2013 y el 2017, habrá un incremento considerable de egresos. El próximo año saldrán 949 y 976 en el 2015.
Polanco sostiene que en los últimos años se han fortalecido los cuerpos policiales, lo que aumentó la detención de delincuentes y, a su vez, las condenas. Las salidas que se prevén se explican porque estas penas ya se van a cumplir.
Para el ex viceministro, si esas personas salen sin haber recibido tratamiento y sin tener oportunidades de desarrollo, se convierten en un peligro. “Si no se les da trabajo o educación, la ciudad estará nuevamente llena de habitantes resentidos, enfermos y con una socialización criminal fortalecida a través de la universidad del delito”, expresó.
Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), coincide en que si al reo no se le prepara para el egreso, y si no tiene un trabajo digno con una paga razonable, vuelve a delinquir.
“La reincidencia no se puede evitar solamente con penas más largas. Más bien, una condena razonable, cumplida en un lugar limpio, con agua pura, comida y capacitación para el egreso, da más probabilidad de que el reo se sienta tratado con justicia y salga con menos rencor y más posibilidades de reinserción”, dijo.
Por otro lado, Carranza añadió que paralelo al trabajo penitenciario, debe reducirse la inequidad en la distribución del ingreso.
Para el psiquiatra de la Policía Judicial, Nino Castro, el modelo de represión del sistema penitenciario está caduco, porque aísla al delincuente del resto de la población sin fomentar una rehabilitación.
“Gran parte de la población que entra a la cárcel ya de por sí es patológica, tiene un perfil psicópata o narcisista, pero hay otros privados de libertad que ingresan por un delito menor y deben aislarse del ambiente externo”, señaló.
Doble castigo. Entre el 2002 y el 2005, el nivel de sobrepoblación estuvo entre 4% y 9%, pero del 2006 al 2008, las camas en prisión sobraban. No obstante, desde finales del 2008 se inició un crecimiento sostenido de reos que a la fecha ha generado un hacinamiento del 37,5%; es decir, 3.700 personas sin espacio en el cual dormir.
Elías Carranza indicó que la tasa de encierro en Costa Rica se triplicó en los últimos 20 años. Mientras en 1992 los jueces encerraban a 104 personas por cada 100.000 habitantes, a principios del 2013 se enviaba a las cárceles a 313 personas por cada 100.000.
Para Eugenio Polanco, Costa Rica ha estado violando los derechos fundamentales de los privados de libertad con el hacinamiento, lo que consideró una “pena accesoria”, además de la privación de la libertad de tránsito.
“El ser humano necesita cierta cantidad de espacio libre para pensar, intimar, trabajar y no sentirse invadido. Cuando un homo sapiens se siente invadido, ataca. En psicología experimental, si usted hacina animales, se eleva el nivel de hostilidad, agresividad y se empiezan a destruir unos a otros”, comentó.
El elevado número de privados de libertad provoca dificultades para su normal desenvolvimiento en prisión; por ejemplo, acceso a una visita conyugal, alimentación, educación y servicios de salud.
En los últimos tres años, el Ministerio de Hacienda recortó en ¢37.000 millones el presupuesto de la Dirección General de Adaptación Social. Eugenio Polanco, también exdirector de esta dependencia, cree necesario inyectar ¢15.000 millones y crear 700 plazas más para enfrentar la sobrepoblación.