Actualmente, 20 reos tienen permitida la visita íntima con su pareja del mismo sexo y otras 13 solicitudes están en trámite, informó Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social.
Ese derecho se brinda a los presidiarios desde febrero del 2013, cinco años después de que la defensora pública Natalia Gamboa pidiera a la Sala IV que lo permitiera.
Los magistrados acogieron la acción en octubre del 2011 y declararon inconstitucional una frase del artículo 66 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, que permitía las visitas conyugales solo a heterosexuale pues consideraron que contravenía “los principios de igualdad y dignidad”.
No obstante, el cambio se dio hasta el año pasado.
Según Villalobos, la mayoría de solicitudes presentadas desde entonces son de mujeres recluidas en El Buen Pastor, en Desamparados.
Aunque no precisó el total de peticiones recibidas, detalló que solo se han rechazado ocho, por razones de violencia.
El funcionario agregó que algunos reos han salido de la prisión antes de que se les autorice la visita.
Precisamente, el preso por el que Gamboa presentó la acción de inconstitucionalidad, en el 2008, salió de la cárcel de San Sebastián sin disfrutar del derecho.
Regulación. Villalobos explicó que, tras el fallo de la Sala IV, se debió crear regulación interna sobre los procedimientos a seguir y fue en febrero del 2013 cuando el Instituto Nacional de Criminología (INC) emitió una circular.
El documento especifica que los solicitantes deben cumplir con los requisitos previamente establecidos para parejas heterosexuales.
Por ejemplo, que la solicitud debe presentarse firmada por las dos personas interesadas ante el trabajador social del centro o ámbito.
Además, debe indicarse “que no existe peligro a la integridad física y emocional de ambos”.
Asimismo, cuando las citas sean entre dos presidiarios, se llevará a cabo en el centro o ámbito de mayor contención.
La visita íntima se otorga cada 15 días durante cuatro horas.
Camino. En agosto del 2008, la Sala IV rechazó un recurso de amparo de un expresidiario a quien se le impidió seguir visitando a su pareja en el centro Gerardo Rodríguez Echeverría, en Alajuela.
Para ese caso, los magistrados estimaron que la administración actuaba a derecho. Meses después, se dio el fallo de la acción de inconstitucionalidad.
La Defensa Pública comunicó que, recientemente, solo ha conocido un caso en Cartago y que el permiso se otorgó sin problema.