El Sistema de Emergencias 9-1-1- atendió 1.900 denuncias por la realización de piques en algún lugar del país, que luego fueron reportadas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para su análisis.
El dato lo dio a conocer este jueves Lindsay Martínez Paniagua, jefa de la Unidad de Conducción Temeraria del OIJ, quien explicó que la carretera principal a Pavas –entre Canal 7 y el cruce con la carretera de Circunvalación–, y la ruta 32 –entre La República y el cruce a Llorente de Tibás– son los tramos donde más competencias ilegales se realizan.
Precisó que los días de mayor frecuencia de quejas son los viernes y sábados, pero advirtió que igualmente se realizan los lunes y martes. En todos los casos han sido durante las noches.
La jefa policial manifestó que debido a lo difícil que resulta probar la participación de un conductor en los piques, solamente, se ha logrado elevar al Ministerio Público los casos de nueve choferes.
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Se trató de un operativo realizado el 27 de abril del 2016, cuando se detuvo a nueve conductores de apellidos Road, Estrada, Obando, Ramírez, Arroyo, Solano, García y dos apellidados Rojas en acciones policiales que se realizaron en Curridabat, Tibás, La Uruca, Pavas, San Francisco de Dos Ríos, Desamparados y Goicoechea.
A estas personas se les atribuyó el delito de conducción temeraria, que sanciona con prisión de uno a tres años a los choferes que participen en carreras ilícitas. El caso sigue en investigación y se tramita en el expediente 16-004617-042-PE.
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Investigación meticulosa
Lindsay Martínez dijo que, con fundamento en los reportes del 9-1-1, las autoridades judiciales tienen que hacer un análisis criminal para así definir cuál será la estrategia de investigación.
Para poder probar que un conductor participó en un pique, la Policía Judicial tiene que contar con los suficientes elementos probatorios, pues así lo exige la legislación.
Entre esos elementos están certificar que la competencia ilegal se realizó en una carretera pública en donde se pongan en peligro la integridad de los peatones y otros conductores. Para ello se deben aportar videos, fotos o testigos. Además, confirmar de que participaron dos o más vehículos, no basta solo uno, dijo.
Asimismo, verificar que en la actividad una persona dio la señal de partida de la competencia, con un pito o bien que sea la luz verde de un semáforo y también identificar plenamente a la persona que conduce del vehículo.
Muchas veces, uno o más oficiales del OIJ debe estar infiltrado dentro de los espectadores, sin despertar sospechas para lograr obtener esas pruebas, explicó Martínez.
Precisó que este tipo de investigaciones, por ser tan complicadas, duran aproximadamente un año.
"La mayoría de los reportes se da en San José que son la ruta 32 y Pavas, los más comunes. Luego Cartago (La Lima) (...) principalmente se dan en bombas. Después se ponen de acuerdo y se van para otros lugares (...), las gasolineras son los centros de reunión pues venden licores", mencionó.
Entre tanto, el exjuez en materia de Tránsito David Hernández Suárez coincidió con la información suministrada por la Policía Judicial, pues dijo que la norma que sanciona la conducción temeraria tiene muchas limitaciones.
"Es evidente que se debe exigir la señal de partida, esa situación marca el inicio del pique de dos vehículos, pero yo diría que también se puede iniciar de una forma espontánea en una autopista, cuando un conductor adelanta a otro y este acelera. Los dos aumentan la velocidad y puede producir un accidente", agregó.
En criterio de Hernández, en la legislación se debió incluir una norma que permita abrir causa penal a las otras personas que están participando en los piques.
"Puede haber un negocio lucrativo detrás de esto. Parece que los que están organizando se ganan un porcentaje (...) están bien organizados hay personas que cobran las platas a los que participan. Todo debe ser penado y si hay muertos responder civilmente por los daños causados" agregó.
En cuanto a los posible pagos, Lindsay Martínez dijo que durante los operativos observaron que las personas se acercaban y tenían algún tipo de intercambio, pero no pueden certificar de que era para el pago de apuestas.