El expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez alegó que el Ministerio Público y dos juezas del Tribunal de Hacienda, que los condenaron, limitaron el derecho a su defensa en el proceso por el caso ICE-Alcatel.
El argumento lo presentó ayer ante el Tribunal de Apelación de Sentencias de Goicoechea, donde intenta que se cambie una condena de cinco años de prisión que se le impuso el 27 de abril del 2011.
Esta es la primera vez que el exmandatario habla de forma extensa (una hora) delante de un tribunal, donde narró todo lo acontecido con su persona desde que “regresó al país hace 2.943 días (15 de octubre del 2004) para someterse a la justicia”.
Él era secretario general de la Organización de Estados Americanos en ese momento, en Washington, y debió retornar al país.
Agregó que desde aquel momento montaron “un circo” hasta que lo condenaron.
Críticas. Rodríguez explicó que en el caso de la Fiscalía, desde un inicio se encargó de hacer público declaraciones de testigos (como José Antonio Lobo) y que sin haber salido esa persona de los tribunales, “periodistas me estaban llamando para pedirme reacciones de esas declaraciones”. Además, afirmó que le ocultaron documentos que tenían como pruebas.
Respecto a las juezas, Rosaura García e Ileana Méndez, dijo que se apartaron del otro cojuez, Jorge Camacho. “Llegan a una injusta condena cuando no hay hechos, ni pruebas, ni normas jurídicas para hacerlo. Este es mi agravio”.
Argumentó que “hubo violaciones al debido proceso” ya que en la audiencia preliminar el juez de garantías lo acusó del delito de enriquecimiento ilícito, al inicio del juicio la Fiscalía lo recalificó a cohecho propio y al final las juezas lo sentenciaron como instigador por cohecho impropio.
“¡Es evidente la dificultad de acusarme de algún delito con base en los hechos acusados, claro, porque no hay delito. Así como la dificultad de ejercer la defensa técnica cuando no se sabe de cuál delito se me tiene que defender”, afirmó.
Rodríguez dijo que al final se le condenó al aplicarle el máximo de una pena “que no corresponde como instigador de un delito cuyo actor goza de impunidad absoluta y a quien no se le investigan otros muy graves delitos de los que obtiene también impunidad”. Pidió a los jueces de Apelación de Sentencias que los traten como cualquier ciudadano y los sebresean.