Un reo que, el pasado viernes, ganó un recurso de amparo para que se le permitiera la visita conyugal homosexual en el centro penitenciario de San Sebastián, salió de prisión sin haber disfrutado el beneficio.
Se trata de un recluso de apellido Morales, quien presentó el recurso el 4 de enero del 2008 y salió libre “hace varios meses”, según confirmó ayer la defensora pública Natalia Gamboa, que lo apoyó jurídicamente.
Igualmente, Reynaldo Villalobos, subdirector de Adaptación Social, manifestó que el presidiario ya no se encuentra en la cárcel, y añadió que, tras este fallo, serán respetuosos de la decisión de los magistrados.
“En caso de presentarse una nueva solicitud de este tipo, tendríamos que proceder como si fuera una solicitud de un privado de libertad heterosexual. Ahora hay que darle el trámite normal y, si reúne todos los otros requisitos que establece el reglamento, hay que dar el permiso”, afirmó.
Villalobos señaló que, por el momento, no hay otras peticiones para visita conyugal con personas del mismo sexo.
Vieja disputa. La gestión para que les permitieran la visita gay a los presos la presentó Morales en enero del 2008, cuando se encontraba preso en San Sebastián.
En aquel momento alegó ante los magistrados que ese impedimento lo consideraba discriminatorio y que además le había ocasionado “un grave daño psicológico”.
Adaptación Social respondió en esa ocasión que las solicitudes para recibir a personas del mismo sexo se rechazaban porque lo impedía el artículo 66 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario.
Debido a lo anterior, los magistrados pidieron al reo plantear una acción de constitucionalidad contra el citado reglamento.
Morales presentó la acción y el 12 de octubre del 2011 se declaró con lugar esa acción y se eliminó del Reglamento la restricción para que los presos tuvieran contacto con personas del mismo sexo.
Una vez resuelta la inconstitucionalidad, los magistrados fallaron el pasado viernes, mediante el voto 16632, el recurso de amparo de Morales.
Entre los argumentos de los magistrados para aceptar el recurso, está que la norma impugnada establece “una prohibición contraria a la dignidad humana, desprovista de una justificación objetiva”.