San José (Redacción). Las investigaciones por tráfico de órganos reveladas por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reavivaron el interés de los diputados por aprobar un proyecto de ley que pretende regular la donación y el trasplante de órganos y tejidos en Costa Rica.
La iniciativa, que se estudia en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 18246, será enviada la otra semana al plenario Legislativo para su posible aprobación, dijo esta mañana la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, la liberacionista Elibeth Venegas.
El tema se volvió prioridad en el Congreso luego de que ayer martes, la Fiscalía General de la República detuviera a dos sospechosos de integrar una red internacional dedicada al trasplante de órganos.
Entre los que figura la oficial de Fuerza Pública, Maureen Patricia Cordero Solano, de 32 años, y Francisco José Mora Palma, de 63 años, jefe de la sección de Nefrología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.
El plan volvería al plenario luego de que una moción impulsada por el socialcristiano Luis Fishman y el verdiblanco Luis Antonio Aiza, lo frenara el 6 de junio.
A pesar de que el informe de la comisión está listo para que el proyecto se discuta y vote en el plenario por los 57 diputados, algunos congresistas consideran necesario realizar cambios en las sanciones y definir claramente el tema del donador vivo.
La revelación de que en el país operan redes de tráfico de órganos despertó a los diputados a la realidad, y ahora confiesan algunos que es una llamada de alerta para dar agilidad al proyecto.
“Fue un llamado de atención, es una alerta por la necesidad de fortalecer el capítulo de sanciones”, comentó el diputado José María Villalta del Frente Amplio.
En tanto, el legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Fishman, dijo que tal y como está el proyecto no resuelve el tráfico de órganos, ya que no hay claridad con el tema del donante vivo no relacionado.
Fishman descartó dar una fecha para que el proyecto llegue a ser ley, ya que a su criterio lo revelado por la Fiscalía hace un llamado a estudiar a fondo los objetivos que cumple la propuesta actual.
Por el contrario, la diputada Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Rita Chaves, no descarta que el plan sea llevado al plenario mañana jueves para su aprobación, ya que considera lo que se ha venido dando son “cambios cosméticos”.
Según la ley 7409, Autorización para Traspantar Órganos y Materiales Anatómicos Humanos, quienes comercialicen órganos, es decir reciban una compensación económica por la donación o recepción de ellos, recibirán penas de prisión de tres a diez años.