El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una red que vendía hasta en ¢1 millón permisos de transporte público (buses), confeccionados en papel original, a usuarios que no cumplían con los requisitos.
Las autoridades detuvieron ayer a una miscelánea y a una secretaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a tres empresarios de buses y a un particular como sospechosos de los delitos de concusión y falsedad ideológica.
La pesquisa se inició luego de que, en febrero del 2012, desaparecieron 146 formularios originales de las oficinas del Consejo de Transporte Público (CTP), en San José, en los cuales se imprimen los datos para el permiso de transporte de estudiantes, turistas y trabajadores, y permisos ocasionales.
Esas boletas en blanco, las cuales llevan un consecutivo cada una, serían dirigidas a las oficinas regionales del CTP en Cartago, San Ramón y Guápiles.
El OIJ señaló que algunas boletas fueron localizadas en diferentes líneas de buses y microbuses, con datos impresos, incluso sellos y firmas, como si los solicitantes del permiso hubiesen cumplido con todos los requisitos para obtener el documento.
De todos los permisos desaparecidos, la Policía recuperó cuatro en Guápiles, uno en Cartago y otro en un bus de la ruta entre la Universidad de Costa Rica y Pavas.
En el caso de los cuatro permisos hallados en Guápiles, el OIJ detectó con el consecutivo que las boletas debieron haber sido utilizadas en San Ramón y Cartago con las firmas de los respectivos jefes regionales, pero estaban firmadas por funcionarios en San José.
Silvia Bolaños, viceministra de Transportes, señaló que el CTP fue el que interpuso la denuncia ante el OIJ desde febrero del 2012, tras la sospecha de actos ilegales.
Allanamientos. La Sección Especializada del Tránsito del OIJ realizó diez allanamientos ayer en la mañana. Uno fue en la vivienda de una miscelánea, de apellido Montero, de 53 años, en Sagrada Familia (Hatillo). En algún momento, esta mujer llegó a ser la jefa regional del CTP en Cartago.
También se allanó la casa de la otra mujer, apellidada Centeno, de 44 años, en Quesada Durán (Zapote), donde aparecieron sellos de agua del CTP y permisos falsos.
Según la investigación, Montero supuestamente sacaba los formularios de la institución y se los daba a Centeno para que los distribuyera a particulares, que luego se encargaban de comercializarlos con empresarios del transporte público.
El OIJ allanó un plantel de buses en San Francisco de Dos Ríos y la casa del dueño, apellidado Barilla. A él le decomisaron permisos falsos, y se sospecha que los comercializaba en alianza con otro sujeto, apellidado Herrera, arrestado en Hatillo.
En Guápiles, también se detuvo a otro empresario, de apellido Jiménez. En Tres Ríos de La Unión cayó otro empresario más, de apellido Vargas.