La pulsera electrónica representa un ahorro de recursos para el sistema penitenciario si se compara con los costos de mantener a un reo en prisión.
En una comparecencia del 6 de febrero pasado ante la Comisión Plena Tercera, el ministro de Justicia, Fernando Ferraro, defendió la sostenibilidad de los mecanismos electrónicos.
Inicialmente, el plan piloto que financiará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es por $1 millón, e incluirá únicamente 200 brazaletes.
Sin embargo, ¿qué pasará luego de que se acaben los fondos del plan piloto? Ferraro explicó que mantener un privado de libertad cuesta $42 por día, pero si saliera con dispositivo electrónico el monto baja a $15. Para él, el ahorro garantiza el financiamiento.
Sin oposición. En esa misma audiencia del 6 de febrero, Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, expuso los nuevos supuestos en que podría basarse la medida del brazalete electrónico.
Entre ellos, el caso de mujeres embarazadas, con hijos menores, enfermos y reos primarios condenados a 6 años o menos de prisión.
Pese a que el ministro Ferraro estuvo presente, no expuso ninguna objeción al texto sustitutivo de la Defensa Pública.
“La propuesta nos parece seria. Yo diría que, en general, la compartimos y estamos conscientes de que requiere estudio, pero estamos de acuerdo en que esto le va a dar un impacto mucho mayor a la propuesta que originalmente se planteó aquí como proyecto de ley”, declaró en esa oportunidad.