San José (Redacción). La Procuraduría de la Ética Pública pidió hoy a los jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea aceptar la demanda por el daño social causado por los actos de corrupción derivados del caso ICE-Alcatel.
El procurador Gilbert Calderón dijo que las leyes establecen que, en la vía penal, se debió de haber resuelto y no enviarlo a la vía civil como lo indicó en el fallo de primera instancia el Tribunal de Juicio de Hacienda.
“Llevamos ocho años en este proceso y ahora se nos envía a la vía civil donde se podría tardar otros ocho años. Así que los costarricenses deberán esperar 16 años para ver resarcido el daño por un acto de corrupción”, afirmó.
Al justificar el por qué se presentó la demanda civil, el procurador de la ética dijo que la sentencia penal demostró que había un gran plan delictivo planeado por particulares para pagar dádivas a funcionarios públicos corruptos.
La Procuraduría había reclamado en primera instancia por el daño social causado estimado en $52 millones, que debían pagar de forma solidaria todos los imputados.
Mario Navarro, abogado de la empresa Servicios Notariales QC –una de las demandadas civiles– y del condenado Luis Adrián Quirós Carmona, dijo que el fallo del Tribunal de Juicio fue acertado al rechazar la acción civil resarcitoria.