El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, defendió ayer la decisión adoptada por el Consejo Superior del Poder Judicial de suspender el traslado de dos altos personeros del Ministerio Público, ordenado en mayo por el fiscal general, Francisco Dall’Anese.
Este último consideró la actuación del Consejo (integrado por la presidencia de la Corte y representantes del Colegio de Abogados, la Judicatura y el Poder Judicial) como “un precedente nefasto”. El funcionario amenazó con renunciar.
Mora, quien presidió la sesión del 27 de mayo en la que se dejó sin efecto el traslado de la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Patricia Cordero Vargas, y del fiscal adjunto Agrario Ambiental, José Pablo González Montero, considera que el Consejo tenía competencia para esa decisión.
“El Consejo tiene que ver con temas de administración de personal. Se pronuncia sobre temas disciplinarios, aun cuando sean del Ministerio Público.
“El Consejo estimó que sí tenía competencia porque esa medida (trasladar a los fiscales) eventualmente no estaba justificada en una mejora del servicio público. Lo que se hizo fue que, mientras nos llega la información, se suspendió la ejecución”, explicó .
El magistrado agregó que a Dall’Anese se le pidieron explicaciones sobre la oposición al traslado presentada por sus subalternos. El fiscal González alegó que, dados sus conocimientos en materia ambiental, su traslado sería un “desperdicio de recursos”.
Cordero, por su parte, aseguró que no existe compatibilidad entre la materia que atiende (delitos económicos) y la que tendría que asumir (ambientales).
En vilo. De acuerdo con Luis Paulino Mora, el Consejo todavía no tiene claridad sobre si el tema es de su competencia o de la Corte.
“Lo que se quiere es tener mayores elementos de juicio para establecer si la medida (el traslado) está bien o mal tomada; si le corresponde resolverla al Consejo o si se envía (el caso) a la Corte”, puntualizó.
Mora confirmó que el Fiscal General envió una misiva a todos los magistrados.
Para poder llevar el caso del Consejo Superior a la Corte Plena existe la figura del “avocamiento” (contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial), pero esta solo pueden invocarla el presidente o, en su defecto, un grupo de al menos cinco magistrados.
Durante su gestión, Mora nunca ha acudido a esa figura y de momento ningún magistrado ha solicitado discutir el caso en la Corte.
“Este es un asunto que tenemos en estudio en el Consejo. Este tendrá que analizar el caso y decidir lo que corresponda. ¿Cuándo podría tomar una decisión? No podría decirlo en este momento”, señaló.
Sobre el anuncio de una eventual renuncia por parte del Fiscal General, el magistrado dijo que no tenía comentarios.
“Es un criterio muy personal. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde llega”, comentó.
Rotación. El Fiscal General ordenó la rotación con base en el reglamento “Normas de control interno para el sector público”, aprobado por la Contraloría y publicado en el diario oficial La Gaceta el 26 de enero del 2009.
Este establece: “El jerarca y los titulares subordinados deben procurar la rotación sistemática de las labores entre quienes realizan tareas o funciones afines, siempre y cuando la naturaleza de tales labores permita aplicar esa medida”.
Dall’Anese justificó los traslados en la necesidad de “evitar que el confort impida anticipar situaciones adversas al desempeño de las oficinas”. Colaboró en esta información Esteban Oviedo.